El poder judicial en la provincia de Tucumán suma un desgarrador capítulo con la revocación de la condena contra dos empresarios acusados de abuso sexual en pluralidad contra Carolina Monteros. Tras conseguir una sentencia inicial de 8 y 10 años de prisión, la Corte provincial los absolvió bajo el beneficio de la duda omitiendo informes psicológicos oficiales. El abogado querellante, Carlos Garmendia, reconoció que presentó el recurso extraordinario un día fuera de término, lo que la justicia utilizó para cerrarle el paso: “Es un error realmente imperdonable del punto de vista profesional, pero la Corte tenía la obligación de proteger a la víctima y garantizar el acceso a la justicia”.
La decisión del máximo tribunal tucumano ocurrió en un contexto marcado por la desconfianza hacia los dictámenes judiciales y los vínculos del poder político local. Garmendia enfatizó la inusual celeridad del ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien emitió en solo siete días un dictamen favorable a los acusados. La periodista Carolina Fernández remarcó con indignación la desprotección institucional que sufre la víctima en el expediente: “La Corte tuvo la excusa para intentar dejar impune la violación a Carolina Monteros”. Este fallo provocó un profundo rechazo entre profesionales que denuncian la falta de juzgamiento con perspectiva de género en la región.
El accionar de la Corte de Tucumán volvió a quedar expuesto tras dejar impunes a dos efectivos policiales que asesinaron de un disparo en la nuca a Facundo Ferreira, un niño de 12 años. Ante esta resolución y el hostigamiento hacia quienes reclaman justicia, Garmendia denunció abiertamente el clima de impunidad que atraviesa la provincia: “La policía tucumana es una policía corrupta, violenta, que viola la Constitución Nacional; la policía es dueña de las calles, parece la dictadura”. La gravedad de la situación impulsó al letrado a tomar precauciones extremas en su ámbito profesional, como la instalación de cámaras de seguridad ante el temor a maniobras de amedrentamiento.
Frente al archivo de investigaciones por corrupción y el cierre de las vías procesales locales, las querellas buscan elevar sus reclamos a instancias nacionales e internacionales. El abogado confirmó que presentará un recurso de queja directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y posteriormente acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con firmeza sobre el camino judicial a seguir, Garmendia concluyó sobre la responsabilidad institucional: “La policía hace lo que hace porque el poder judicial no le pone límite”.
Fuente Enterate
