El Gobierno de la provincia de Tucumán autorizó una millonaria inyección de fondos para garantizar la prestación del servicio de transporte público. El medio Tendencia de Noticias indicó que a través de cuatro decretos recientes publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo concedió subsidios y compensaciones por un total de $11.611 millones destinados a sostener el funcionamiento de las empresas de colectivos y a financiar integralmente los programas de gratuidad para estudiantes y jubilados.
Las disposiciones económicas alcanzan tanto a las líneas de jurisdicción provincial como municipal y serán canalizadas administrativamente a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT). Los recursos llegan en un contexto de profunda dificultad económica para el sector, fuertemente golpeado por la quita de subsidios nacionales y el incremento exponencial de los costos operativos, como el combustible y los repuestos.
Cómo se distribuyen los fondos: compensaciones y boletos
El esquema de asistencia oficializado por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo abarca distintos períodos y conceptos. La disposición de mayor impacto económico es el Decreto N.º 2.392/8, que delega en la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial el pago de una compensación económica de $5.500 millones correspondiente al mes de octubre para las firmas prestatarias.
A este desembolso central se le suman los montos destinados a sostener los programas sociales de transporte:
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Boleto Estudiantil Gratuito: el Decreto N.º 2.330/14 otorgó un subsidio de $3.813.000.412 para cancelar los servicios efectivamente prestados durante el mes de agosto en el interior y el área metropolitana (excluyendo a la capital tucumana).
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Boleto Gratuito para Jubilados: a través del Decreto N.º 2.315/8, se autorizó una compensación de $1.598.000.459 para cubrir los pasajes utilizados por los adultos mayores durante agosto.
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Compensación extraordinaria: mediante el Decreto N.º 2.316/8, se destinaron $700 millones extra para septiembre, con el fin de ayudar a las prestatarias de jurisdicción provincial a hacer frente a los recientes aumentos salariales y gastos de mantenimiento de las unidades.
Una emergencia extendida hasta 2028
Las autorizaciones de estos subsidios se encuentran plenamente fundamentadas en la emergencia del transporte público automotor de pasajeros de Tucumán, un marco legal establecido originalmente por la Ley N.º 9.102 y que fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2028 mediante la Ley N.º 9.978. Esta normativa es la que le permite al Estado provincial mantener y ejecutar mecanismos extraordinarios de asistencia financiera para evitar la paralización del servicio.
Durante este 2026, el Gobierno tucumano ya había recurrido a múltiples herramientas para oxigenar el sistema. En el mes de julio, por ejemplo, se había otorgado a AETAT un adelanto financiero de $2.000 millones distribuido en cuatro cuotas. Pese a estas inyecciones de capital y a la actualización de tarifas —el boleto urbano en San Miguel de Tucumán aumentó a $1.700 en junio tras la aprobación del Concejo Deliberante—, el sistema de transporte local sigue dependiendo estructuralmente del salvavidas estatal para mantenerse operativo.
Fuente Enterate
