Los usuarios de la provincia deberán afrontar una nueva modificación en las tarifas del servicio eléctrico, luego de que el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT) autorizara un ajuste en los valores cobrados por la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET). La medida quedó oficializada mediante la Resolución N.º 868/26, firmada el jueves 22 de octubre por el interventor del organismo, Eduardo Alberto Cobos, y publicada el viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial de Tucumán, informó Tendencia de Noticias.
El nuevo esquema establece valores tarifarios que comienzan a regir desde este sábado 24 de octubre, sumados a otra actualización programada para el 1 de noviembre. Esta adecuación responde a la variación del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente tarifario destinado a cubrir los costos de la distribuidora. Según el informe técnico del organismo, el factor de actualización para octubre se fijó en un 13,12%, alcanzando una variación acumulada del 56,78% respecto del período de referencia. No obstante, el ERSEPT decidió expresamente «RECHAZAR las pretensiones efectuadas por EDET S.A.» para el período de agosto a octubre de 2026, resolviendo aplicar los montos derivados de sus propios cálculos técnicos.
Rechazo a los planteos socioeconómicos y oposición de los usuarios
El ajuste se aprobó a pesar de la oposición presentada durante la consulta pública por Silvia Elena López, representante de los usuarios en el ERSEPT, quien solicitó frenar el incremento tarifario. En su presentación requirió «la no aplicación de un nuevo incremento tarifario», argumentando «la actual capacidad de pago de los usuarios, el nivel de endeudamiento existente y las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares de la Provincia».
Pese a los pedidos para resguardar la continuidad y el acceso a los servicios públicos esenciales, el ERSEPT descartó frenar la actualización. En los fundamentos de la resolución, la entidad reguladora sostuvo que de la postura de la representante «no surgen observaciones de carácter técnico respecto de la metodología de cálculo ni elementos técnicos que impidan la aplicación de la actualización del VAD». De esta forma, el organismo reconoció que los cuestionamientos se centraban en la situación socioeconómica, pero determinó que no constituían un impedimento técnico para aplicar el aumento.
El impacto del costo de la luz en los ingresos de los docentes
Al expediente tarifario se sumó un estudio presentado por la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), conducida por Hugo Brito, que midió el peso de la factura de luz sobre los salarios del sector docente. De acuerdo con las estimaciones del gremio, el pago de la electricidad para un consumo de 300 kWh mensuales pasó de representar el 5,03% del ingreso docente en enero de 2026 al 5,93% en agosto.
El informe advirtió que la incidencia aumenta drásticamente en rangos de consumo mayores:
- Para un consumo de 450 kWh mensuales, la factura absorbía el 8,23% del salario.
- Para un consumo de 600 kWh mensuales, el costo del servicio alcanzaba el 13,83% del ingreso.
Ante estas cifras, ATEP remarcó que «la sostenibilidad económica del servicio público debe analizarse considerando tanto la sustentabilidad de la empresa prestadora como la capacidad real de pago de los usuarios», solicitando la implementación de esquemas de gradualidad, amortiguación o compensación. En respuesta, el ERSEPT argumentó que sus simulaciones contemplaron distintos niveles residenciales y regímenes como la Tarifa Social Eléctrica Provincial, pero concluyó que los reclamos sindicales «exceden el objeto específico de la presente redeterminación».
Cuestionamientos de asociaciones de consumidores por la falta de información
La resolución del ERSEPT también cosechó críticas por parte de organizaciones de defensa del consumidor. La presidenta regional de la Unión de Usuarios y Consumidores, Natalia López Marnero, cuestionó la calidad de la información facilitada durante el proceso de consulta pública y señaló las dificultades para reconstruir la fórmula del nuevo VAD.
En paralelo, la Red de Defensa al Consumidor y Usuario (REDECU) observó el procedimiento y pidió garantías para evitar la superposición de costos ya aprobados en revisiones previas, solicitando aclarar la articulación entre este ajuste extraordinario y la revisión ordinaria de noviembre. Ante esto, el ente regulador precisó que la redeterminación extraordinaria «no modifica el calendario ordinario de redeterminaciones», que mantiene sus revisiones fijas en mayo y noviembre de cada año.
Fuente Enterate
