El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, habría amenazado con despedir de su puesto en la Municipalidad a Juampi Mena, militante de La Libertad Avanza, si no expresaba públicamente su apoyo al jefe municipal y a Mariano Campero.
El episodio se habría producido en el marco de las conversaciones y los movimientos políticos de cara a las elecciones de 2027 en Tucumán. Según la información conocida sobre el caso, el intendente habría condicionado la continuidad laboral del joven a que manifestara su respaldo político.
Horas después, Macchiarola compartió en sus historias de Instagram una publicación de Mena en la que el militante expresó su voluntad de trabajar para las elecciones de 2027 y acompañar una eventual candidatura de Macchiarola a la intendencia y de Campero a la gobernación.
“Quiero acompañarlos y trabajar para que Pablo Macchiarola vuelva a ser intendente y Mariano Campero sea gobernador. Cuenten conmigo. ¡Estoy comprometido con este proyecto!”, escribió Mena. El intendente replicó el mensaje con un agradecimiento público.
El episodio abre un interrogante sobre los límites entre la gestión pública y la construcción política de cara a 2027. Si se confirma que un trabajador municipal fue presionado con perder su empleo para expresar apoyo a un dirigente, la discusión excedería una interna partidaria y pondría bajo la lupa el uso de los recursos del Estado para conseguir adhesiones políticas.
La pregunta es inevitable: ¿el respaldo a Macchiarola nace de una convicción política o del temor a quedarse sin trabajo? En Yerba Buena, la diferencia no es menor: el empleo público no debería convertirse en una herramienta de presión ni en una moneda de cambio electoral.
