Los vecinos del barrio SMATA, sobre la calle Ayacucho al 2000, enfrentan una severa crisis hídrica que afecta a más de 52 familias. La falta absoluta de presión en la red provoca que las canillas permanezcan completamente secas en todos los hogares del sector. Al respecto, Daniela, vecina del barrio, denunció: «Nosotros estamos haciendo un reclamo colectivo hace dos años porque no tenemos agua, o sea, no tenemos absolutamente nada de agua». La emergencia obliga a las familias a madrugar para juntar pequeños chorros o aguardar la asistencia eventual de camiones cisterna. Ante esta desgastante realidad, la vecina expresó desesperada: «Yo tengo que estar decidiendo si me baño o tiro la cadena».
Testimonios históricos, accidentes y riesgos sanitarios
Los vecinos históricos del barrio remarcan que la interrupción del suministro comenzó a agravarse seriamente desde el año 2013. Benjamín, quien vive en la zona hace 33 años, sufrió un peligroso accidente al intentar subir a reparar su tanque a cuatro metros de altura. El vecino relató con indignación: «Es vergonzoso decir que tengo que andar con tachos de agua para poder llenar las mochilas de los baños». A su vez, el almacenamiento manual de agua en recipientes genera un grave riesgo sanitario por la proliferación de mosquitos. Esta dramática falta de higiene y servicio se vuelve un calvario insoportable durante los días de calor extremo en el verano.
Golpes al bolsillo y expedientes cajoneados por la SAT
La falta de agua corriente también impacta directamente sobre la frágil economía de los hogares damnificados del barrio Esmata. Ángela, habitante con 20 años en el lugar, señaló: «Voy quemando cinco bombas tratando de sacar agua, que es un presupuesto». A pesar de no recibir el insumo vital, las boletas emitidas por la empresa estatal SAT alcanzan montos de hasta 30.000 pesos. Las numerosas carpetas y notas de reclamo presentadas ante la entidad son sistemáticamente cajoneadas sin asignarles número de expediente. La prolongada desidia administrativa menoscaba la salud, el estudio de los jóvenes y las actividades laborales de los residentes.
Benjamín fundamentó la protesta afirmando: «Se trata de una necesidad como cualquier ciudadano que paga los impuestos como corresponde». Por este motivo, la comunidad exige una audiencia urgente con Marcelo Caponio, presidente de la SAT, para obtener respuestas de fondo. Daniela sintetizó el reclamo colectivo manifestando: «Es un derecho básico y estamos a 20 cuadras del microcentro». Los damnificados aguardan respuestas inmediatas que garanticen el acceso al agua potable y pongan fin al histórico maltrato oficial.
Fuente Enterate
