La encuesta difundida por Campero presenta números que no cierran. El relevamiento sobre intención de voto en Tucumán ubica a Osvaldo Jaldo primero, a Lisandro Catalán segundo y a Roberto Sánchez tercero. Sin embargo, hay un detalle difícil de pasar por alto: los porcentajes publicados suman 103,1%.
Según la gráfica, Jaldo alcanza el 38,1%, Catalán el 29,6% y Sánchez el 18,8%. Luego aparecen Juan Manzur con el 10,4%, Mariano Campero con el 3,1%, Ricardo Bussi con el 0,9% y la categoría «Otro» con el 2,2%.
La cuenta es sencilla: los números superan en 3,1 puntos el total del 100%. Y no se trata de una diferencia que pueda justificarse por el redondeo de los porcentajes. Si las opciones son excluyentes, algo no está bien en la presentación de los resultados.
Pero las dudas no terminan ahí. La publicación tampoco informa qué consultora realizó el trabajo, cuántas personas fueron encuestadas, cuándo se hizo el relevamiento ni cuál fue su margen de error. Sin esos datos, resulta imposible evaluar seriamente la calidad de la medición.
El episodio genera una pregunta inevitable: ¿cómo se pretende instalar una encuesta como referencia del escenario electoral tucumano cuando ni siquiera cierran las cuentas? Si el relevamiento fue financiado y difundido por el propio Campero, la responsabilidad de explicar estas inconsistencias es todavía mayor.
En política, las encuestas pueden ser herramientas para conocer el clima electoral, pero también pueden convertirse en instrumentos de propaganda. Para distinguir una cosa de la otra, lo primero que se necesita es transparencia. Y, al menos en esta publicación, los números no ayudan.
