Miguel Edgardo Battista, el bioquímico acusado de mantener encerrada a su familia en una vivienda de la ciudad chubutense de Esquel, solicitó recuperar su libertad, pero la Justicia resolvió que continúe detenido. Sin embargo, la medida de coerción se cumplirá durante los próximos 30 días bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La decisión fue tomada por el juez José Luis Ennis tras una audiencia en la que la Fiscalía había solicitado la extensión de la prisión preventiva, mientras que la defensa presentó testigos para intentar demostrar que el imputado posee arraigo en la zona y ofreció un domicilio particular para el cumplimiento de la medida.
El contrapunto entre la Fiscalía y la resolución del juez
El Ministerio Público Fiscal, representado por la procuradora Cecilia Bagnato y el fiscal Fidel González, se opuso firmemente a la liberación de Battista. Entre sus principales argumentos, sostuvieron que el arraigo del imputado es débil, que no tiene un vínculo actual con su esposa e hijos, y que cuenta tanto con la libertad laboral como con los recursos económicos suficientes para abandonar la zona. Además, advirtieron sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya sea influyendo sobre potenciales testigos o contactando a las víctimas.
Al momento de emitir su resolución, el juez Ennis consideró que existen elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría del imputado y remarcó que la investigación, al estar abierta, mantiene varias hipótesis sobre lo ocurrido. No obstante, el magistrado hizo lugar a dos cuestiones centrales de la defensa: consideró acreditado el arraigo en la región y destacó que el acusado tiene más de 70 años.
Bajo este último punto, el juez entendió que si Battista fuera eventualmente condenado a una pena de prisión, podría cumplirla bajo arresto domiciliario debido a su edad. Según su criterio jurídico, esa misma regla debe aplicarse al momento de establecer una medida de coerción durante la etapa de investigación. Por ello, determinó que pase los próximos 30 días en un domicilio particular del cual no podrá salir sin autorización judicial expresa.
Prohibición de acercamiento y resguardo de los menores
Durante la audiencia —desarrollada a puertas cerradas y sin acceso de la prensa para proteger la identidad de las víctimas— también intervino la Asesoría de Familia, representada por Marcos Ponce. El funcionario acompañó el pedido de la Fiscalía, remarcó la necesidad de preservar a los adolescentes e informó la apertura de un expediente en el Juzgado de Familia, con la intervención de distintos organismos estatales para su cuidado.
A pedido de la Asesoría, el juez le impuso a Battista una estricta prohibición de acercarse o comunicarse con sus hijos por cualquier vía. Desde la Fiscalía advirtieron que, en caso de incumplirse esta restricción, el imputado podría perder el beneficio y continuar su detención en una cárcel común, mientras continúan las diligencias investigativas diarias para esclarecer los hechos.
Fuente Enterate
