Una multitudinaria concentración de familiares y allegados a víctimas de siniestros de tránsito y hechos de violencia sacudió los pasillos del Ministerio Público Fiscal de Tucumán. Bajo el lema unánime de clamor contra la impunidad, madres, tías y hermanos de jóvenes fallecidos expusieron su indignación frente al accionar recurrente del fuero penal tucumano, señalando de manera directa las actuaciones del fiscal Carlos Sale y del juez Paz Almonacid. Los manifestantes remarcan que las decisiones judiciales actuales dejan en absoluta libertad a los imputados a escasas horas de los hechos.
El caso Mauricio Carrión: alcoholemia, cocaína y libertad concedida en 48 horas
El siniestro en el que perdió la vida Mauricio «Mauri» Carrión, un joven trabajador de 23 años que colaboraba en el emprendimiento familiar de repostería y se desempeñaba en la empresa Cosalta, ocurrió en la mañana del lunes 19 de octubre. La camioneta siniestrada era conducida por Ignacio Agüero, de 24 años. Según lo denunciado públicamente por su familia durante la movilización frente al edificio judicial, el fiscal Carlos Sale otorgó la libertad total al conductor apenas dos días después del hecho, prescindiendo de medidas cautelares o restricciones de manejo.
Luciana, tía de Mauricio y vocera del reclamo familiar, detalló las severas irregularidades detectadas en el expediente procesal: «Estamos acá varias familias para pedirle a los fiscales y jueces que cambien un poco la normativa con la que toman los casos de accidentes de tránsito, porque la mayoría de los casos han quedado impunes... El día 19 choca a mi sobrino y el día 21 Carlos Sale le da libertad total a Ignacio Agüero y lo deja libre sin quitarle el carnet».
«Le dio positivo en cocaína, aún así le dio el carné de conducir, algo increíble. La médica forense cuando está en el lugar le siente olor a alcohol, deja sentado que Agüero estaba ebrio, y 4 horas más tarde el resultado dio negativo. Es algo ilógico… creemos que hubo una adulteración y por eso pedimos la reprueba… Lo mínimo que merecemos es un juicio oral y público».
Caso Braian Renfijes: revocación de cadena perpetua y reincidencia delictiva
La indignación en las puertas de la fiscalía se profundizó con el testimonio de la madre de Brian Renfige, un preventista de la empresa Braco asesinado en el año 2022, quien dejó a un bebé de apenas cuatro meses al momento de su muerte. En octubre de 2023, el Tribunal Penal juzgó el hecho y dictó condena unánime de prisión perpetua para el imputado, Franco Maximiliano Olea. Sin embargo, en 2024, tras instancias de apelación vinculadas a resoluciones del fiscal Carlos Sale y los magistrados intervinientes, la condena a perpetua fue anulada y el acusado recuperó la libertad.
La madre de la víctima expuso el dolor de las familias ante lo que califican como una burla institucional: «A mi hijo lo asesinaron en el 2022. En octubre del 2023 fue el juicio, tuvo una condena unánime de perpetua a Franco Maximiliano Olea. En el 2024 él apeló y lo liberaron. El fiscal Carlos Sale llevaba la causa… A él no le importa la vida ajena… Nosotros venimos acá a los pasillos de esta fiscalía con el alma rota, hecha pedacitos, pero tenemos el valor de decir ‘tengo que poner los pies en la tierra’… pero aún así se han burlado de nuestro dolor».
Según revelaron los familiares durante la protesta, tras haber sido puesto en libertad por la Justicia provincial, el imputado volvió a incurrir en delitos armados en la vía pública, afectando a adolescentes de la zona.
Causa Axel: fianza monetaria, falta de licencia y salidas nocturnas
Otro de los testimonios centrales de la jornada estuvo enfocado en el fallecimiento de Axel, atropellado el 8 de marzo por un vehículo al mando de Carlos Eduardo Peña Velázquez, de nacionalidad venezolana. Las familiares de Axel denunciaron que el conductor circulaba sin licencia de conducir habilitante, brindó tres domicilios falsos ante la autoridad y arrojó resultado positivo en el contraperitaje de alcoholemia. A pesar de dichos agravantes, el juez Paz Almonacid dispuso su libertad bajo fijación de una caución económica de 2 millones de pesos.
La hermana de la víctima expresó en el lugar del reclamo: «Él manejaba alcoholizado. El primer dosaje sale negativo, hacemos una contraprueba y sale positivo. Miente el domicilio tres veces, no tenía carnet de conducir y aún así, pese a todos los agravantes, le dieron libertad… Para el juez Paz Almonacid la vida de mi hermano sale 2 millones que le exigió para pagar. La vida de los hijos no tiene precio. Aquí en Tucumán no hay justicia«.
Asimismo, denunciaron que tras haber obtenido la exención de prisión domiciliaria, el imputado fue visto frecuentando locales nocturnos en San Miguel de Tucumán antes de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires.
Femicidio de Gabriela Arroyo: denuncia de beneficios políticos y salidas irregulares
En el marco de la convocatoria, la familia de Gabriela Arroyo —víctima de femicidio y violencia de género por el cual fue condenado a prisión perpetua en mayo de 2024 el acusado Rocha Óscar Alberto— alzó la voz para denunciar tratos carcelarios privilegiados y permisos de salidas irregulares. Los allegados afirmaron que el condenado ha sido trasladado a velatorios ajenos en barrios periféricos e incluso contaría con permisos para asistir a eventos sociales privados, aduciendo vínculos políticos directos de su entorno familiar:
«Él tiene beneficio porque el hermano está en la política… maneja la política. Tiene beneficios, lo han llevado a varios velorios que ni siquiera eran familia de él… Queremos que se acaben los beneficios que tienen ahora. Queremos que los jueces tomen en cuenta que ya tenía denuncias por violencia de género antes de quitarle la vida. Queremos justicia».
El caso Rodrigo: tres meses de incertidumbre y anomalías policiales
La movilización sumó además la exigencia del hermano de Rodrigo, joven involucrado en un siniestro vial ocurrido hace tres meses donde colisionó contra un poste, sin que se hayan aclarado las circunstancias del hecho. La familia sospecha que se trató de un intento de robo previo. El familiar remarcó las severas falencias en el inicio de la instrucción a cargo de la Comisaría Octava y el retraso en la recolección de pruebas clave por parte de la fiscalía conducida por Carlos Sale:
«Van a ser 3 meses de que mi hermano tuvo el accidente y todavía no sabemos qué es lo que pasó. La Comisaría Octava labró un acta con un montón de irregularidades… pusieron que le leían el artículo a un colectivero, todo inventado porque nunca intervino un colectivero… El relevamiento de cámaras se pidió a los 21 días. Queremos que se investigue y que la justicia actúe».
Fuente Enterate
