La Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvo que la inmobiliaria de la familia Kirchner funcionó como una pieza central de un presunto circuito de lavado de dinero proveniente de la corrupción. En el juicio oral por Hotesur y Los Sauces, el organismo atribuyó a Cristina Fernández de Kirchner la conducción de la maniobra y a su hijo Máximo un papel clave en su ejecución.
La acusación expone un dato central: entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó casi $26 millones a empresas relacionadas con los grupos empresarios de Lázaro Báez y Cristóbal López. Esos ingresos representaron el 88% de la facturación de la sociedad, según la reconstrucción presentada por la UIF.
El organismo considera que los alquileres de propiedades y hoteles de la familia fueron utilizados para dar apariencia de legalidad a fondos que, de acuerdo con la hipótesis acusatoria, tenían origen ilícito y provenían de empresarios beneficiados con contratos y negocios vinculados al Estado.
Los números detrás de la acusación
La documentación expuesta por la UIF identificó $6.851.650 provenientes de compañías de Lázaro Báez, $18.554.725 del grupo Indalo y otros $561.665 de la firma Idea. Para el organismo, la concentración de esos ingresos en empresas vinculadas entre sí y con negocios públicos constituye uno de los principales indicios del mecanismo investigado.
La presentación también puso el foco en distintas operaciones inmobiliarias. Entre ellas, la adquisición de un departamento de 426 metros cuadrados en Puerto Madero, terrenos en Río Gallegos y El Calafate y el hotel La Aldea del Chaltén. La acusación cuestionó tanto los valores de algunas compras como los contratos de alquiler posteriores.
Uno de los casos señalados fue el de un terreno en Río Gallegos que recibió una construcción financiada por una empresa vinculada a Báez y cuyos departamentos terminaron alquilados a compañías del mismo grupo. La UIF sostiene que esa secuencia permitió canalizar fondos hacia la inmobiliaria familiar mediante operaciones que considera simuladas.
Los roles que les atribuye a Cristina y Máximo Kirchner
En su requerimiento, la UIF ubicó a Cristina Kirchner como jefa de una presunta asociación ilícita que habría operado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. Además, le atribuyó haber planificado y coordinado el supuesto esquema de lavado a través de Los Sauces entre enero de 2009 y marzo de 2016.
Respecto de Máximo Kirchner, el organismo lo señaló como organizador y principal responsable de la administración de los negocios de la sociedad. La acusación menciona su intervención en la compra de propiedades, la firma de contratos de alquiler, la representación legal de la empresa y el manejo de operaciones con las compañías de Báez e Indalo.
Florencia Kirchner no integra este juicio, debido a que fue sobreseída por la Cámara Federal de Casación Penal y esa decisión quedó firme.
La lectura de la acusación continuará en las próximas audiencias ante el Tribunal Oral Federal N° 5. Luego avanzará la exposición de los cargos correspondientes a Hotesur y los imputados serán convocados para prestar declaración. La responsabilidad penal de los acusados deberá ser determinada durante el proceso judicial.
