El juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez atraviesa momentos de máxima tensión tras revelarse una trama de advertencias carcelarias e indicios de narcotráfico. Según consignó el periodista Gustavo Rodríguez en su cobertura para La Gaceta, el abogado Marcelo Cosiansi presentó formalmente su renuncia a la defensa técnica del principal acusado, Felipe “El Militar” Sosa, denunciando la existencia de graves presiones intramuros dirigidas a condicionar el debate.
Las presiones en el penal y la renuncia de la defensa
En la nota firmada por Gustavo Rodríguez, el letrado sostuvo que su continuidad en el caso se volvió insostenible debido a que el imputado recibe directivas y advertencias dentro del establecimiento penitenciario. Al respecto, el cronista de La Gaceta recogió las declaraciones directas de Cosiansi instantes después de formalizar su apartamiento: “Con el transcurso de las audiencias saldrá a la luz toda la verdad de lo que está pasando. Él está presionado y no puedo desarrollar con libertad mi trabajo”. De acuerdo con lo detallado por Rodríguez, el exdefensor explicó que estas maniobras se materializan en pedidos puntuales sobre qué preguntar a los testigos y en qué momento hacerlo. Al ser consultado por las modalidades de hostigamiento hacia una persona presuntamente aislada, Cosiansi describió ante el periodista:
“Le gritan de celda a celda o cuando lo trasladan a comer”
Asimismo, ante la consulta periodística sobre si personas vinculadas al narcotráfico podrían estar detrás de estas conductas, el abogado admitió: “Sí… Están alojados en el mismo pabellón, pero es hora de que él cuente todo lo que sabe”. En relación con eventuales nexos entre el narcotráfico y sectores políticos, el exdefensor remarcó que todo “dependerá si Sosa decide hablar. Él es el único que puede responder a todas esas preguntas”, descartando temer por su integridad pero enfatizando la imposibilidad de trabajar sin libertad.
“Las dos caras” del debate oral
En su análisis del proceso judicial, Gustavo Rodríguez planteó que a lo largo de las 10 audiencias iniciales quedaron en evidencia dos vertientes marcadas:
- 1. La imputación principal y el encubrimiento: Determinar si “El Militar” Sosa asesinó a la joven y si su expareja (la funcionaria judicial Justina Gordillo) junto a su empleado de confianza (Jorge “Chicho” Díaz) llevaron a cabo maniobras de encubrimiento.
- Las ramificaciones con las drogas: Aunque no integra el objeto estricto del debate, la vinculación con el narcotráfico cobró fuerza a partir de los testimonios de las hermanas de la víctima, Maira y Malena Álvarez.
Según reseñó el cronista de La Gaceta, ambas familiares ratificaron que Érika mantenía un vínculo sentimental con Carlos “El Mayor” Ferreira, un narco de nacionalidad paraguaya. Las hermanas relataron que Ferreira hacía concurrir a Érika a reuniones donde presuntamente se pactaban cargamentos de droga con supuesta participación de policías provinciales y de Santiago del Estero, además de políticos y empresarios.
De igual modo, Rodríguez destacó el relato de Malena Álvarez sobre traslados a fiestas para recepcionar avionetas con estupefacientes, mientras que Maira Álvarez señaló que la víctima le había manifestado que Sosa intervenía en la venta y distribución de pastillas de éxtasis en eventos electrónicos. A esto se suman antecedentes consignados por fuentes judiciales, quienes confirmaron que Sosa figura en expedientes como supuesto proveedor de éxtasis y afronta una causa en la Justicia Federal por cultivo de flores de marihuana.
A su vez, el propio Cosiansi ratificó al periodista de La Gaceta sus sospechas sobre intromisiones externas: “Felipe, en algunas oportunidades, venía y nos pedía que hiciéramos algunos planteos procesales. Él no tiene idea de esas cuestiones y evidentemente alguien le pedía que lo hiciera. No sé qué es lo que están buscando, pero no puedo descartar absolutamente nada de nada”.
Instancias decisivas en el tribunal
Hacia el tramo final de la crónica, Gustavo Rodríguez anticipó dos elementos procesales determinantes para los próximos días:
- La declaración testimonial de Nicolás Navarro Flores, único condenado del caso, quien podría aportar precisiones sobre los vínculos del imputado con el tráfico de drogas.
- La incorporación de los informes periciales sobre los teléfonos secuestrados a Sosa, que contemplan los datos recientemente extraídos de su teléfono iPhone.
Finalmente, el periodista de La Gaceta advirtió que una vez culminado el juicio, tanto el fiscal Pedro Gallo como los jueces del Tribunal evaluarán si remiten copias a la Justicia Federal o a la Fiscalía de Narcomenudeo para que se investigue el trasfondo del tráfico de estupefacientes; una determinación que, según subrayó Rodríguez, llegaría 11 meses después de cometido el crimen.
Fuente Enterate
