La filtración del video de las aberrantes torturas que sufrió Lara Gutiérrez, la más joven de las víctimas del triple femicidio narco de Florencio Varela, generó un virtual terremoto en la investigación. Las imágenes complicaron severamente a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, acusado de integrar la banda narco peruana que asesinó a las tres trabajadoras sexuales en septiembre de 2025, en medio de una supuesta venganza por un robo de estupefacientes.
En el material audiovisual filtrado, se observa claramente cómo “Pequeño J” retiene a Lara por la fuerza, mientras un nuevo sospechoso —identificado como José Miguel Lozano Cerrón, actualmente prófugo— le amputa un dedo a la joven de 15 años con una pinza cortaperno para exhibirla frente a la cámara. Esta evidencia derriba los diversos relatos iniciales de Janzen Valverde, quien había negado rotundamente estar presente en la escena del crimen al momento del ataque.
Horas después de que el video tomara estado público, Janzen Valverde fue amenazado de muerte en el penal de Ezeiza, donde cumple prisión preventiva. Según denunció su defensa ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, varios reclusos le gritaron: «Mata conchas, te vamos a hacer cagar».
El pedido de protección y el cuestionamiento a la Justicia
Ante la hostilidad en la cárcel, el abogado defensor Lucas Contreras Alderete presentó un escrito formal para resguardar la vida de su cliente. «En la comunicación mantenida el día 5 de noviembre de 2026, mi asistido me manifestó que, encontrándose alojado en el sector de alto riesgo del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, escuchó amenazas provenientes de otros internos ubicados en el patio», detalló el letrado en su denuncia.
Contreras Alderete solicitó que se ordenen sin demora medidas de protección inmediata y la separación preventiva de los presuntos agresores, «sin aislamiento sancionatorio ni restricciones adicionales injustificadas». También exigió la intervención del Servicio Penitenciario Federal y de la Procuración Penitenciaria.
Sin embargo, la denuncia por las amenazas no fue el único movimiento de la defensa. En sintonía con las familias de las víctimas, el abogado exigió saber cómo se filtró el video. Las imágenes habían sido recuperadas del teléfono de un subalterno de Pablo Macalopu Cafferata (alias «Roger», señalado como el director de la tortura), en el marco de una causa narco paralela investigada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Precisamente, la semana pasada, la familia Gutiérrez anunció que denunciaría a la magistrada por la difusión del material.
En su segunda presentación judicial, Contreras Alderete apuntó a la legalidad de la extracción de los datos. «El secuestro lícito de un teléfono no equivale a una autorización sin límites para revisar cualquier dato que contenga. El dispositivo concentra comunicaciones, archivos y huellas de la vida privada de su titular y de terceros; de allí la necesidad de controlar el objeto, la necesidad y la proporcionalidad de la injerencia», argumentó la defensa.
Bajo esa premisa, requirió la información completa del expediente que maneja Arroyo Salgado, incluyendo la resolución de allanamiento, el acta de incautación, la cadena de custodia del dispositivo, la orden judicial de pericia y los informes técnicos completos. Mientras tanto, la defensa seguía sin poder acceder oficialmente al video dentro del expediente principal, ya que la causa continuaba bajo estricto secreto de sumario hasta la mañana de este jueves.
Fuente Enterate
