Trascendió que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la joven Agostina Vega, de 14 años, habría cobrado dos subsidios estatales en Córdoba. El hallazgo, revelado por una investigación periodística de Ruido, un medio local, vuelve a poner en debate el control del gasto público.
Según los comprobantes hallados en el Portal de Transparencia, se trató de dos pagos de $120.000 cada uno, realizados en noviembre y diciembre de 2025. Los fondos salieron del subprograma «Emergencias Sociales y Naturales», dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Fondos públicos bajo sospecha
Ambos pagos se concretaron seis meses después de que Barrelier fuera imputado por privación ilegítima de la libertad contra una mujer. Esa causa está directamente vinculada al expediente por el que hoy es investigado como principal sospechoso del crimen de Agostina Vega.
Se trata de la misma partida presupuestaria a través de la cual el Gobierno provincial repartió casi $2.000 millones en subsidios en octubre de 2025. La mayor parte de esos fondos se distribuyó en la semana previa a las elecciones legislativas.
Claudio Barrelier militaba en el PJ y había ingresado a la Municipalidad de Córdoba por recomendación del exconcejal Ricardo Moreno. Al momento del pago, la cartera de Desarrollo Social estaba a cargo de Laura Jure, hoy Secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de Córdoba.
Desde el 1 de julio de 2026 rige un nuevo Portal de Transparencia que reemplazó los nombres de los beneficiarios por números de CUIT.
Opacidad creciente en el acceso a la información
Desde el 1 de julio de 2026 rige un nuevo Portal de Transparencia que reemplazó los nombres de los beneficiarios por números de CUIT. La medida, advertida días antes por la propia investigación, dificulta sensiblemente el rastreo de la ejecución presupuestaria.
Para cualquier contribuyente o inversor interesado en fiscalizar el destino de sus impuestos, el nuevo esquema representa un retroceso concreto. El acceso a datos que antes tomaba minutos hoy puede demandar días de trabajo manual.
El caso expone, una vez más, la distancia entre el discurso oficial de transparencia y la práctica administrativa real. Sin controles efectivos ni información accesible, la libertad económica y el buen uso de los recursos públicos quedan en entredicho.
