En un acto de absoluta irresponsabilidad y adoctrinamiento, el intendente kirchnerista de Florencio Varela, Andrés Watson, organizó y financió con fondos públicos, un evento donde se invitó explícitamente a NIÑOS a presenciar un show protagonizado por travestis en pollera que realizaban actos degenerados de seducción sobre el escenario.
El evento, cínicamente publicitado en la página oficial de la Municipalidad de Varela, instaba a los vecinos a «venir a disfrutar con los más chicos de la amplia oferta cultural durante las vacaciones de invierno» en el Salón Bomberos Voluntarios, ubicado en 25 de Mayo y Dorrego.
El nivel de depravación quedó registrado en imágenes donde se observa a los artistas trasvestidos —en el marco de una obra denominada «Kumbion»— exhibiendo sus cuerpos de manera sugerente delante de muchísimos menores.
Lo más indignante es que el propio gobierno municipal era plenamente consciente del carácter inapropiado del espectáculo; desde la Radio Municipal se reconoció abiertamente que el contenido era «para adultos», llegando a pedir que los padres dejaran a los chicos en sus casas.
Sin embargo, Andrés Watson, presente en el lugar, no aplicó ningún tipo de filtro ni restricción, permitiendo que la infancia varelense fuera expuesta a este atropello moral.
Este escenario de corrupción cultural en el conurbano coincide con un duro revés judicial para la administración de Javier Milei. La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar que suspende los efectos del DNU N° 62/2025.
Dicho decreto, firmado por el presidente en febrero de 2025, modificaba el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) para prohibir de forma tajante que las «personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad» accedieran a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales de cambio de sexo.
El fallo, firmado por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, hace lugar al amparo presentado por la Federación Argentina LGBT (FALGBT), liderada por María Rachid, y el diputado Esteban Paulón.
Los magistrados argumentaron que el Poder Ejecutivo no justificó la «necesidad y urgencia» para restringir estos supuestos «derechos» y alegaron que la prohibición absoluta violaría el principio de «capacidad progresiva» de los menores.
Con esta resolución judicial:
Se obliga a las obras sociales, prepagas y hospitales públicos a garantizar y cubrir al 100% la continuidad de los tratamientos hormonales en menores.
Vuelve a regir plenamente la Ley de Identidad de Género, permitiendo que niños y adolescentes retomen procesos médicos irreversibles que el gobierno nacional considera una forma de crueldad.
Se impone una medida de alcance general en todo el territorio nacional, protegiendo lo que los sectores de izquierda denominan «infancias trans», bajo el patrocinio de abogados como Andrés Gil Domínguez.
Mientras organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) celebran este fallo como un límite a la supuesta «crueldad» del gobierno, la realidad en distritos como Florencio Varela demuestra que el objetivo final es la exposición de los menores a contenidos hipersexualizados y agendas ideológicas financiadas por el Estado. Frente a este avance, el gobierno de Javier Milei mantiene su postura firme de que los derechos de los niños deben ser protegidos de cualquier intento de manipulación ideológica o médica, a la espera de una sentencia de fondo que revierta esta decisión judicial.
