Emanuel, chofer de Uber y padre de tres hijas, permaneció 3 horas encerrado en su auto para evitar que la Municipalidad de Córdoba se lo secuestrara. El operativo, frente a la Terminal de Ómnibus, terminó con el vehículo retenido pese a la desesperación del conductor.
En lo que va del año, la Municipalidad secuestró 4.740 vehículos en controles de tránsito, y el 70% de ellos, 3.326 autos, trabajaban para aplicaciones sin inscripción. Del otro lado del mostrador, apenas 1.536 conductores completaron su registro como choferes puros de apps.
«Pensaba qué iban a comer en mi casa», contó Emanuel mientras esperaba que le secuestraran el auto.
Multas millonarias para ingresos de $20.000 por día
En primer lugar, recuperar un vehículo secuestrado puede costar hasta $16,4 millones para un conductor sin registro, y hasta $32,9 millones si se trata de una empresa. Emanuel, que gana entre $20.000 y $30.000 por día, calculó que necesitaría cerca de $8 millones solo para retirar su auto.
El conductor relató que los inspectores increparon a los pasajeros para que confirmaran que viajaba por Uber, y que a él le advirtieron con llevarlo detenido. Trabaja entre 12 y 18 horas diarias alquilando el auto, y hoy es el único sostén económico de su familia.
De las aplicaciones que operan en la ciudad, solo Uber y Cabify completaron su inscripción; DiDi continúa sin registrarse. La Municipalidad extendió el plazo de regularización porque, según el intendente, todavía no se alcanzó el cupo máximo de autos de alquiler por habitante.
Las explicaciones de Passerini no alcanzan
El propio intendente Daniel Passerini admitió que el operativo «causó mucho estrépito porque tuvo que intervenir la Policía». Aun así, remarcó que en lo que va del año ya son más de 3.000 los vehículos secuestrados, sin detenerse demasiado en el costo social de esa cifra.
Mientras la Municipalidad promete una futura dársena en el Aeropuerto para conductores registrados, miles de choferes como Emanuel siguen atrapados entre la informalidad y multas que no pueden pagar. La brecha entre el discurso de modernización y la realidad de la calle sigue creciendo.
El caso de Emanuel expone, en el fondo, el costo de una gestión municipal que prioriza la recaudación por sobre la libertad de trabajar. Mientras Passerini habla de ordenamiento, un padre de familia se quedó sin la única herramienta que tenía para llevar comida a su casa.
