La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenó este miércoles la captura inmediata del expresidente socialista y pedofilo Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos relacionados con los violentos bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio en Bolivia.
La orden de aprehensión fue firmada por el fiscal Brayan Melgar Ledezma, integrante de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, Delitos Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas. El documento instruye a la Policía a detener a Morales y trasladarlo ante la unidad especializada que investiga el caso.
Además de terrorismo y alzamiento armado, la Fiscalía le atribuye presuntamente los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, encabezado por Stello Cochamanidis Garcés, a la que posteriormente adhirió el Ministerio de Gobierno, conducido por Marco Antonio Oviedo Huerta. La causa también alcanza a otros dirigentes vinculados con las protestas.
Durante siete semanas, organizaciones «campesinas» de La Paz y la Central Obrera Boliviana impulsaron cortes de rutas en distintas regiones del país, respaldados por sectores afines a Morales. Los golpistas bolivianos reclamaban la renuncia del presidente democráticamente electo Rodrigo Paz.
Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de severas dificultades para la circulación de ambulancias y vehículos de emergencia. El conflicto dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, y ocasionó pérdidas económicas superiores a los USD 3.000 millones.
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su actividad golpista. El exmandatario negó haber promovido la salida anticipada de Paz, aunque durante el conflicto afirmó públicamente que el presidente debía militarizar el país o convocar a elecciones dentro de los siguientes 90 días.
El pedofilo permanece escondido desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, protegido por centenares de seguidores que buscan impedir su detención. La Policía boliviana sostiene que espera el momento adecuado para ejecutar las órdenes judiciales.
Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales. La anterior corresponde a una causa por trata agravada de personas, en la que se investiga su presunta relación con una menor de edad durante su presidencia. Un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía luego de que no se presentara al comienzo del juicio.
La nueva medida también podría derivar en una búsqueda internacional en caso de que el Estado boliviano realice la solicitud correspondiente y avance con los procedimientos necesarios ante los organismos competentes.
