La causa desatada por la explosión en Monteagudo 120, que le costó la vida al médico Jonathan Stisman de 43 años tras sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo, sumó una compleja vertiente administrativa. Mientras los peritos forenses y bomberos avanzan en determinar si el estallido se debió a una pérdida de gas en un artefacto de cocina, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzó a revisar los antecedentes dominiales y de construcción de la propiedad.
Fuentes de la pesquisa señalaron que el inmueble registra un historial de intimaciones y fallas detectadas por dependencias técnicas que ponen en duda la existencia de un certificado definitivo de Final de Obra y Habitabilidad.
Antecedentes de irregularidades y alteraciones en la estructura
De acuerdo con registros de la Dirección de Catastro y Defensa Civil, las primeras alertas sobre el edificio se remontan a marzo de 2003. En aquel año, un informe municipal advirtió la falta de medidas básicas de seguridad e intimó a la paralización y desalojo preventivo por modificaciones no autorizadas respecto del plano original aprobado. Entre las alteraciones señaladas en la documentación figuran:
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Modificaciones edilicias: Cambios en la disposición de los balcones y la reubicación no declarada de los ascensores.
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Ampliación de superficie: Incorporación irregular de un octavo piso y ampliación del sector de la terraza.
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Relevamiento de 2018: El inmueble figuró dentro de un listado de 31 edificios de la capital habitados sin contar con la habilitación ni las certificaciones pertinentes de habitabilidad.
Investigación sobre la vigencia de los permisos
Pese a que las ordenanzas vigentes en la capital prohíben la ocupación de unidades residenciales que no dispongan del Certificado de Final de Obra, las autoridades buscan determinar si en los años posteriores la constructora subsanó las falencias o si el inmueble funcionaba mediante excepciones temporales.
Por el momento, la Dirección de Defensa Civil precisó que las irregularidades administrativas no implican necesariamente una responsabilidad directa en la ignición del gas, lo cual quedará supeditado al informe final de los peritos en instalaciones de fluidos. Por consiguiente, la Fiscalía avanza con el entrecruzamiento de datos para deslindar responsabilidades penales y civiles.
Fuente Enterate
