El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) registró un bajo nivel de adhesión en varias provincias y el Gobierno nacional avanzó con un operativo para verificar el cumplimiento de la Ley de Modernización Laboral, que obliga a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales durante las medidas de fuerza.
De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Trabajo, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Chaco mantuvieron el normal dictado de clases, mientras que en Santa Fe se cumplió con los servicios mínimos previstos por la normativa vigente.
El Gobierno busca garantizar el derecho a aprender
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió el relevamiento impulsado por el Ministerio de Capital Humano y recordó que el derecho a huelga debe ejercerse respetando la legislación vigente.
«La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos», afirmó.
La ministra Sandra Pettovello sostuvo que el objetivo es garantizar el derecho a la educación de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias, evitando que los alumnos vuelvan a ser perjudicados por medidas sindicales.
Clases normales en varias provincias
Los primeros informes oficiales muestran un panorama muy distinto al esperado por los gremios docentes.
En Mendoza y San Luis prácticamente no hubo adhesión al paro, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la participación fue inferior al 10%, permitiendo el funcionamiento normal de las escuelas.
Desde el Gobierno porteño remarcaron que quienes adhirieron a la medida sufrirán el correspondiente descuento salarial por el día no trabajado.
También en Chaco el nivel de acatamiento fue reducido, según indicaron fuentes oficiales, aunque el relevamiento definitivo continúa en elaboración.
El Gobierno analiza sanciones contra los gremios
La administración de Javier Milei anticipó que, si se detectan incumplimientos de la Ley de Modernización Laboral, se iniciará el procedimiento correspondiente para aplicar sanciones a las organizaciones sindicales responsables de la medida.
La educación fue incorporada como servicio esencial, por lo que la legislación vigente exige garantizar al menos el 75% de la actividad durante los conflictos colectivos.
Desde la Secretaría de Trabajo aclararon que cualquier eventual sanción recaerá sobre los gremios y no sobre los docentes individuales.
Los sindicatos vuelven a paralizar las escuelas
El paro fue convocado por CTERA luego de cuestionar la decisión del Gobierno de no convocar a la Paritaria Nacional Docente y reclamar una recomposición salarial, además de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado en 2024.
Sin embargo, la escasa adhesión registrada en varias de las principales jurisdicciones del país debilitó el impacto de la protesta y permitió que miles de alumnos asistieran normalmente a clases.
En paralelo, dirigentes de ATE realizaron una movilización frente al Ministerio de Economía para reclamar aumentos salariales en el sector público.
La reforma laboral fortalece los servicios esenciales
Desde la Casa Rosada consideran que la incorporación de la educación como servicio esencial constituye una herramienta clave para equilibrar el derecho a huelga con el derecho de millones de estudiantes a recibir clases.
El oficialismo sostiene que durante años los paros sindicales afectaron de manera sistemática el calendario escolar y perjudicaron especialmente a los alumnos de las escuelas públicas.
Mientras continúa el relevamiento nacional, el Gobierno ratificó que hará cumplir la normativa vigente y avanzará con las actuaciones correspondientes en aquellos casos donde los gremios no hayan respetado las obligaciones establecidas por la Ley de Modernización Laboral.
