El Poder ejecutivo Nacional (PEN) analiza modificar su estrategia para avanzar con el plan de desregulación del sector marítimo.
La principal alternativa que se encuentra bajo estudio, es trasladar al Congreso parte de las reformas que están contempladas dentro de la agenda del PEN. Entre ellas aparece un proyecto para modificar el régimen de cabotaje, mientras que los cambios vinculados con el practicaje serían discutidos, al menos en una primera etapa, con los representantes de la actividad.
La decisión se produce luego de la suspensión del Decreto 690/2026, una medida que había generado un fuerte rechazo entre distintos sectores vinculados con la actividad portuaria y que terminó derivando en demoras y paralizaciones.
Desde el Gobierno sostienen que, pese al freno, el objetivo de reducir los costos logísticos, incrementar la competencia y modificar regulaciones que afectan a la navegación comercial continúa vigente.
Uno de los puntos centrales de los borradores que manejaba el Ejecutivo es la posibilidad de autorizar, bajo determinadas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera en operaciones de cabotaje.
Ley de Navegación
La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley de Navegación, al régimen de tripulaciones y a las normas de promoción de la Marina Mercante.
El objetivo oficial es introducir mayor flexibilidad en la actividad y reducir los costos asociados al transporte marítimo y fluvial.
Sin embargo, el escenario es diferente en relación con el practicaje, una actividad considerada estratégica para la seguridad de la navegación.
Los prácticos son profesionales especializados que asisten a los capitanes durante las maniobras de los buques en ríos, canales y zonas portuarias, donde el conocimiento de las características específicas del lugar resulta fundamental.
Luego de la suspensión del decreto, el Gobierno decidió abrir una instancia de negociación con los representantes del sector.
