La Municipalidad de San Miguel de Tucumán decidió profundizar a fondo los controles y las sanciones contra quienes arrojan residuos en la vía pública. En las últimas horas, el municipio confirmó el secuestro de 25 vehículos pertenecientes a infractores que fueron detectados infraganti mediante el sistema de cámaras de vigilancia instalado en distintos sectores estratégicos de la ciudad.
Además de perder temporalmente sus rodados, los responsables fueron multados y podrían enfrentar sanciones económicas de hasta $900.000, tal como lo establece el Código de Faltas vigente en la capital tucumana.
La información fue confirmada oficialmente por el secretario de Ordenamiento y Convivencia y titular de la Fiscalía Ambiental, Javier González, quien explicó que las actuaciones corresponden a diversos hechos registrados durante los meses de junio, julio y agosto.
El funcionario precisó que los operativos fueron impulsados por la Fiscalía Ambiental, con la participación activa del Centro Operativo de Monitoreo Municipal (COMM), los Juzgados del Tribunal de Faltas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de los inspectores de la Brigada Ambiental Municipal (BAM).
El cruce de datos: cómo identifican a los infractores
González señaló que la identificación de los infractores no fue casual, sino que demandó una minuciosa investigación de oficio. Este proceso incluyó el análisis exhaustivo de las imágenes captadas por las cámaras del COMM y el entrecruzamiento de información entre organismos municipales, provinciales y nacionales.
El secretario explicó que la identificación de los responsables fue posible mediante la lectura del dominio (patente) de cada rodado. A partir de esa información clave, se confeccionaron las actas de infracción correspondientes, se emitió la orden de secuestro de los vehículos y se aplicaron las sanciones económicas de rigor.
Con todas las pruebas reunidas sobre la mesa, la Fiscalía Ambiental presentó los antecedentes ante el juez ambiental de San Miguel de Tucumán, quien dispuso formalmente el secuestro de los 25 vehículos utilizados para cometer las faltas.
El proceso judicial y las duras multas
Asimismo, González detalló cómo continúa el proceso una vez que el auto es retenido por el municipio. Concretado el secuestro, el trámite legal queda bajo la órbita exclusiva del juez ambiental, quien convoca al infractor para que ejerza su legítimo derecho de defensa mediante un descargo formal.
Posteriormente, es el magistrado quien determina si corresponde o no la restitución del vehículo a su dueño y evalúa la eventual aplicación de sanciones complementarias a las ya impuestas por el sistema.
Finalmente, el titular de la Fiscalía Ambiental recordó que el Código de Faltas de San Miguel de Tucumán contempla multas que alcanzan los $900.000 para quienes sean sorprendidos arrojando residuos en la vía pública, en el marco de una política municipal estricta destinada a combatir la formación de basurales clandestinos y preservar el ambiente urbano.
Fuente Enterate
