El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) oficializó el embargo del departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, en el marco de la ejecución patrimonial de la condena por la causa Vialidad.
La medida fue comunicada este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble y forma parte de una nueva tanda de embargos preventivos ordenados por la Justicia para preservar los activos que podrían ser utilizados para afrontar el decomiso establecido contra los condenados.
El objetivo del tribunal es alcanzar los $685.000 millones fijados como monto del perjuicio ocasionado al Estado mediante la maniobra investigada en Vialidad, vinculada al direccionamiento de 51 licitaciones de obra pública en favor de empresas de Lázaro Báez.
El departamento donde se encuentra alojada la exmandataria está registrado a nombre de Los Sauces SA, la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner. Cristina Kirchner cumple allí arresto domiciliario después de que quedara firme su condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La decisión fue tomada por el TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, tras un nuevo pedido formulado por el fiscal Diego Luciani.
El embargo no implica por ahora la subasta del inmueble ni modifica su titularidad. La medida busca impedir jurídicamente que los bienes sean transferidos mientras continúa el proceso destinado a ejecutar el decomiso definitivo.
Más propiedades bajo la lupa de la Justicia
En esta segunda etapa, Luciani identificó 141 inmuebles, entre ellos 13 propiedades correspondientes a la exmandataria y otras 128 pertenecientes a sociedades relacionadas con Báez. También fueron incluidos 46 vehículos.
Entre los activos reclamados aparecen además USD 4.664.000 depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, otros USD 992.134 de una caja de ahorro del Banco Galicia y $53.280,24. La medida también comprende propiedades del Complejo Madero Center que habían sido alquiladas por el empresario Cristóbal López, además de terrenos e inmuebles ubicados en Santa Cruz, El Calafate y Río Gallegos.
Los magistrados sostuvieron que la condena firme estableció que la maniobra investigada produjo beneficios económicos directos para Báez e indirectos para la familia Kirchner. Bajo ese criterio, la Justicia busca determinar qué activos incorporados entre 2003 y 2015 pueden ser alcanzados por el decomiso.
En paralelo, la Corte Suprema todavía debe resolver planteos relacionados con una primera tanda de 111 propiedades cuya ejecución patrimonial ya había sido ordenada por el TOF 2 y posteriormente respaldada por la Cámara Federal de Casación Penal.
