La Cámara del Crimen de la ciudad de Villa Dolores fijó el inicio del juicio oral y público contra la actual legisladora provincial y ex intendenta Gloria Pereyra para el martes 10 de noviembre de 2026. La decisión judicial juzgará la responsabilidad institucional de la ex mandataria en relación con el fallecimiento de dos operarios de la ciudad en el año 2019. El tribunal examinará la imputación que pesa sobre la parlamentaria por incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales.
El suceso trágico aconteció la mañana del 16 de julio de 2019 durante las tareas de excavación ejecutadas sobre la calle Arzobispo Castellano para la red de desagües pluviales. Un desprendimiento masivo de tierra sepultó en el lugar a los agentes Norberto Orlando Romero, de 43 años, y a Rubén Damián Altamirano, de 23 años. El operario Romero falleció de forma instantánea bajo el sedimento, mientras que el agente Altamirano murió 3 días después debido a las severas lesiones sufridas en el traumatismo.
La acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal sostiene que el municipio ejecutó la obra pública sin instrumentar el debido apuntalamiento exigido para zanjas de gran profundidad. Las pericias agregadas al expediente judicial determinaron la inexistencia de elementos de contención estructural para evitar el deslizamiento de las paredes laterales del terreno. Asimismo, las actuaciones incorporadas a la causa constataron la ausencia de elementos de protección personal indispensables para los trabajadores asignados a la obra.
Procesamientos adicionales y situación legislativa de la acusada
Junto con la ex intendenta comparecerán en el banquillo de los acusados otros 3 ex funcionarios que intervinieron directamente en la planificación y ejecución de las tareas. La nómina de procesados comprende al ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Aldo Zanitti, y a los ingenieros Arturo Jorge Janich y Enrique Héctor Bernaldez. Los peritos judiciales evaluarán las omisiones de los profesionales vinculados con las medidas de seguridad operacional que debían aplicarse de manera obligatoria en el predio.
El proceso judicial determinará el grado de responsabilidad penal y la conducta individual que le correspondió a cada uno de los imputados durante la realización del proyecto. La fiscalía buscará comprobar si la ex mandataria municipal omitió los controles de fiscalización sobre sus subordinados directos y sobre el personal operativo del área de infraestructura. Por su parte, la defensa de los imputados intentará desacreditar la existencia de nexo causal entre las funciones administrativas y el desenlace fatal ocurrido en el terreno.
En el transcurso de las últimas jornadas, Gloria Pereyra formalizó la presentación de un pedido de licencia temporal a su banca en la Legislatura de Córdoba. La notificación enviada a las autoridades de la Unicameral provincial omitió detallar los fundamentos personales o políticos que motivaron la interrupción de sus funciones institucionales. Las audiencias del debate oral se desarrollarán en la sede judicial del departamento San Javier a partir del 10 de noviembre con la presencia de testigos.
