El presidente Javier Milei anunció el envío con carácter urgente al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto con el que el Gobierno buscará ampliar las herramientas jurídicas, institucionales, económicas y diplomáticas disponibles para proteger los intereses estratégicos de la Argentina.
La iniciativa forma parte de las medidas anunciadas durante la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas y tendrá como uno de sus principales objetivos modificar la Ley 26.659, que actualmente establece sanciones contra quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las áreas cuya soberanía reclama el país.
La reforma buscará endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas y extender determinadas consecuencias a sus proveedores. Según explicó Milei, quienes colaboren con esos proyectos podrán recibir las mismas penas y prohibiciones que las empresas involucradas directamente.
Además, los infractores no podrán contratar en territorio argentino, ya sea con organismos públicos o con empresas privadas. El proyecto también contemplará, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia y extenderá el régimen sancionatorio a otras actividades realizadas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
Otro de los puntos centrales será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de definir una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal en todo el Estado.
El nuevo organismo buscará coordinar la actuación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con el objetivo de establecer una estrategia común frente a situaciones que involucren la soberanía y la seguridad nacional.
La ley también establecerá un marco específico para la protección de infraestructura crítica, además de un régimen destinado a reforzar la protección aeroespacial y marítima de la Nación. A su vez, el Gobierno pedirá al Congreso que otorgue al Consejo facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.
El proyecto fue presentado en un contexto marcado por el avance de Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación petrolera podría comenzar en los próximos meses. Milei sostuvo que la Argentina debe actuar con rapidez para impedir que empresas involucradas en proyectos no autorizados puedan explotar recursos naturales en áreas reclamadas por el país.
De esta manera, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional buscará establecer una política más amplia que combine sanciones, coordinación entre organismos, protección de infraestructura estratégica y capacidad de respuesta económica y diplomática frente a amenazas sobre los intereses argentinos.
