Hay injusticias que el paso del tiempo no las convierte en justas. La permanencia puede volverlas habituales, incorporarlas al paisaje e incluso convencer a generaciones enteras de que aquello que existe necesariamente debe ser legítimo. Pero el tiempo no transforma una agresión original en un derecho. Si así fuera, bastaría conservar durante suficiente tiempo aquello que fue obtenido por la fuerza para convertir cualquier conquista en propiedad.
La cuestión Malvinas obliga a pensar precisamente ese problema. Javier Milei reafirmó el derecho argentino sobre las islas, calificó la controversia como una situación colonial y sostuvo que debe alcanzarse una solución pacífica mediante el diálogo con el Reino Unido. También anunció medidas diplomáticas, económicas, judiciales y legales frente a actividades unilaterales vinculadas con la explotación de recursos en la zona.
Detrás del reclamo aparece una cuestión más profunda. Reconocer una injusticia histórica no significa aceptar cualquier medio para repararla. Esa distinción permite comprender cómo alguien profundamente comprometido con la libertad individual puede cuestionar una ocupación territorial y, al mismo tiempo, rechazar la guerra como mecanismo para revertirla.
Murray Rothbard ofrece una clave interesante. Las fronteras políticas existentes no adquieren legitimidad moral simplemente porque aparezcan dibujadas en un mapa. Muchas nacieron de guerras, conquistas y confiscaciones. Considerar sagrado todo statu quo territorial implicaría aceptar que una agresión exitosa termina creando derechos simplemente porque nadie consiguió revertirla.
La cuestión se vuelve todavía más clara cuando dejamos de pensar el territorio como una abstracción y comenzamos a pensarlo desde la propiedad. En una sociedad libre, una frontera legítima sería, en última instancia, la suma de innumerables límites entre propiedades y comunidades voluntarias. Lo decisivo no sería qué Estado consigue colorear una superficie en un mapa, sino qué derechos existían antes de que alguien los modificara mediante la fuerza.
Desde esa perspectiva, rechazar el imperialismo no requiere abrazar el nacionalismo estatista. Una potencia que ocupa mediante la fuerza un territorio no vuelve legítima esa situación por conservarla durante generaciones. El libertarismo no obliga a bendecir los resultados históricos de la conquista. Obliga, precisamente, a preguntarse qué derechos fueron vulnerados antes de aceptar como legítimo el orden existente.
Pero esa misma lógica impone un límite fundamental. Si una agresión pasada no crea derechos, tampoco puede utilizarse para justificar una agresión presente contra inocentes. El derecho a reparar una injusticia no incluye el derecho a producir otra. Allí aparece la enorme diferencia entre sostener la legitimidad de un reclamo y sostener la legitimidad de cualquier mecanismo para satisfacerlo.
Por eso resulta relevante que Milei insista simultáneamente en Malvinas y en un reclamo pacífico. Su posición evita una falsa alternativa que durante demasiado tiempo contaminó la discusión argentina. No hace falta elegir entre olvidar la ocupación y romantizar la guerra. Se puede mantener el reclamo histórico mientras se descarta deliberadamente la guerra como estrategia para resolverlo.
Eso exige reemplazar la guerra como instrumento de recuperación por una estrategia de largo plazo basada en prosperidad, diplomacia, capacidad de disuasión y relevancia internacional. Milei no propone prescindir del poder militar. Por el contrario, sostiene que la Argentina debe ser políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable. La diferencia está en el uso de ese poder.
La prosperidad, entonces, deja de ser solamente una cuestión doméstica. Un país que acumula capital, atrae inversiones y recupera capacidad económica también aumenta su capacidad de negociación. La influencia internacional no nace únicamente de discursos vehementes, sino de conseguir que la cooperación propia tenga valor para los demás y que vulnerar los propios intereses tenga costos.
La experiencia de 1982 debería haber dejado una enseñanza definitiva. Una causa considerada justa no vuelve justo cualquier medio empleado en su nombre. La guerra produjo muertos argentinos y británicos sin resolver la controversia, que el propio Gobierno reconoce hoy como pendiente y propone encauzar pacíficamente.
Milei introduce así una inversión interesante de la lógica con la que muchas veces se pensó Malvinas. En lugar de creer que la retórica soberanista puede compensar la debilidad económica, propone construir una Argentina próspera para fortalecer su posición sobre las islas. No abandonar el reclamo, sino cambiar la fuente del poder con el que se lo sostiene.
Porque quizá la forma más seria de defender una causa no sea estar dispuesto a morir nuevamente por ella sino construir un país tan libre, próspero, relevante y respetado que pueda defender sus intereses sin necesitar otra guerra para hacerse escuchar.
