El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei buscará modificar y endurecer el régimen de sanciones actualmente previsto por la Ley N° 26.659 para quienes participen en actividades de exploración y explotación de recursos sin autorización argentina en las Islas Malvinas.
La norma vigente, sancionada en 2011, ya contempla sanciones administrativas y penales contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la República Argentina. La propuesta del Gobierno apunta ahora a ampliar el alcance de esas consecuencias, incorporar nuevos sujetos responsables y cerrar mecanismos que permitan eludir las sanciones.
Qué establece hoy la Ley 26.659
Actualmente, quienes participen en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina pueden recibir una inhabilitación administrativa de entre cinco y veinte años. La legislación también impide que el Estado nacional, las provincias y los municipios contraten con los infractores y contempla la pérdida de beneficios fiscales y previsionales, además de concesiones o permisos de explotación vigentes.
El régimen puede alcanzar tanto a las empresas como a sus accionistas y prevé además sanciones penales, entre ellas penas de prisión, inhabilitaciones y multas. Para las personas jurídicas, la ley contempla medidas como la suspensión total o parcial de actividades, la imposibilidad de participar en concursos o licitaciones estatales, la cancelación de la personería jurídica y la aplicación de multas.
Qué cambia con el proyecto de Milei
La reforma impulsada por el Gobierno buscará endurecer las penas y sanciones ya existentes y ampliar su alcance a actores que actualmente no están comprendidos de la misma manera. Uno de los principales cambios será la incorporación de responsabilidad penal para los proveedores que presten servicios a empresas involucradas en explotaciones no autorizadas.
Además, se establecerá una prohibición específica para sujetos privados de contratar con infractores, extendiendo las consecuencias comerciales más allá del vínculo con el Estado. El proyecto también incorporará la posibilidad de aplicar juicio en ausencia cuando corresponda y prevé un agravamiento de las sanciones en los casos de reincidencia.
Otro cambio relevante apunta a evitar que las empresas puedan escapar de las consecuencias legales mediante modificaciones societarias. La responsabilidad continuará aun cuando una compañía se transforme, se fusione, sea absorbida o se escinda luego de haber incurrido en una infracción.
La iniciativa también prevé la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en violación de la ley y extenderá el régimen sancionatorio a otras actividades vinculadas con la explotación de recursos en los espacios marítimos de las Islas Malvinas.
De esta manera, el proyecto de Milei no reemplaza el régimen vigente, sino que busca ampliarlo, endurecerlo y extenderlo a una red mayor de actores, incluyendo a quienes colaboren directa o indirectamente con explotaciones realizadas sin autorización argentina.
