Una auditoría sobre el funcionamiento del Tribunal Municipal de Faltas de San Miguel de Tucumán abrió un nuevo capítulo en el conflicto institucional que mantiene el organismo con el Departamento Ejecutivo. La intendenta Rossana Chahla aprobó el informe elaborado por Contaduría General y ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía Municipal para determinar eventuales responsabilidades por causas paralizadas, prescripciones bajo observación y expedientes físicos faltantes.
El Decreto N.º 0311/SG/2026, firmado el 15 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial, advierte que los resultados del relevamiento podrían encuadrarse en las causales de negligencia y morosidad grave previstas por la normativa para los jueces de Faltas. Sin embargo, el instrumento no dispone su remoción ni ordena un Juri de Enjuiciamiento: establece una instancia administrativa destinada a determinar responsabilidades y, eventualmente, si corresponde avanzar por la vía prevista para los magistrados.
El 83,80% de las causas de 2024 seguía sin resolución
Según la auditoría, durante 2024 ingresaron 91.107 causas al Tribunal a través de los sistemas SINAI y CIT. De ese total, 76.344 expedientes, el 83,80%, figuraban como “en juzgado sin resolución”. En contraste, los diez juzgados que integran el organismo habían resuelto 4.650 causas, mientras que otras 10.113 habían quedado cerradas mediante el pago voluntario de los infractores.
El relevamiento también detectó un acumulado importante de años anteriores: entre 2019 y 2023 se registraron 406.355 causas, de las cuales 319.264, el 78,57%, permanecían sin resolución. A esto se sumaron observaciones sobre prescripciones: en una muestra de 24 expedientes, tres casos presentaban resoluciones de prescripción dictadas antes de que venciera el plazo legal, mientras que en 21 no se encontraron los expedientes físicos completos.
Qué puede pasar con los jueces de Faltas
El decreto diferencia la situación de los empleados municipales de la de los jueces. Mientras el personal puede quedar alcanzado por el régimen disciplinario general, la Ordenanza Orgánica N.º 757/82 establece que los magistrados del Tribunal de Faltas son inamovibles mientras dure su buena conducta y fija causales específicas para su remoción, entre ellas la mala conducta, la negligencia y la morosidad en el ejercicio de sus funciones.
Por ese motivo, la Municipalidad remitió las actuaciones a la Fiscalía Municipal, que deberá sustanciar las investigaciones correspondientes. El decreto cita además un dictamen de ese organismo que avaló la continuidad de las actuaciones para establecer las responsabilidades que pudieran corresponder. Si de ese proceso surgieran elementos suficientes para encuadrar la conducta de algún magistrado en las causales previstas por la normativa, la eventual remoción debería tramitarse ante el Juri de Enjuiciamiento.
El nuevo episodio se suma a la disputa institucional que Ejecutivo y Tribunal de Faltas mantienen desde 2025. El conflicto comenzó, entre otros puntos, con el Decreto N.º 0099/SG/2025, mediante el cual la gestión de Chahla reorganizó el funcionamiento del organismo y estableció un sistema de rotación de jueces. El presidente del Tribunal, Gerardo Augusto Poliche, cuestionó la medida ante la Justicia al considerar que el Ejecutivo había avanzado sobre atribuciones del Concejo Deliberante. La causa continúa en la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa, mientras la auditoría ahora abrió una nueva instancia para determinar si las irregularidades detectadas derivan en responsabilidades administrativas o judiciales.
Fuente Enterate
