El pedido de intervención del municipio de Graneros volvió a generar tensión en la Legislatura de Tucumán. Este miércoles, la mayoría oficialista rechazó una moción del legislador José Macome para reservar el expediente y garantizar que pueda ser incorporado al temario de la próxima sesión. La iniciativa deberá continuar su recorrido por la Comisión de Asuntos Constitucionales antes de llegar eventualmente al recinto.
Macome apuntó contra el oficialismo
Tras la votación, Macome acusó al peronismo de ejercer un “blindaje político” sobre la intendenta Raquel Graneros y cuestionó que el proyecto no pueda avanzar directamente. “Lo que vimos hoy en el recinto es una muestra clara y contundente del blindaje político con el que el PJ protege a sus intendentes”, sostuvo el legislador de La Libertad Avanza. Sus declaraciones forman parte de su posicionamiento político sobre el conflicto y las acusaciones que pesan sobre la administración municipal.
El proyecto 350-PL-26, impulsado por Macome, propone la intervención del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante de Graneros. La iniciativa fue acompañada por otros legisladores opositores y se presentó luego de los incidentes denunciados por el diputado nacional Gerardo Huesen durante una recorrida por la localidad el 19 de septiembre. Diez legisladores habían reclamado previamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales un tratamiento urgente del expediente.
La denuncia por los incidentes en Graneros
Según la denuncia presentada por Huesen, durante su recorrida un grupo de personas habría bloqueado el paso de los vehículos de su comitiva, además de insultar y amenazar a sus integrantes. El municipio, en tanto, negó vínculos con los protagonistas del episodio y sostuvo que no se trataba de empleados de la gestión local.
En ese contexto, Macome también vinculó el pedido de intervención con una denuncia penal que, según afirmó, involucra a la intendenta por presunto enriquecimiento ilícito. Además, sostuvo que existen elementos suficientes para investigar el funcionamiento de la administración municipal. Estas acusaciones deberán ser determinadas por la Justicia y no constituyen, por sí mismas, una acreditación de responsabilidad penal.
El oficialismo defendió el trámite parlamentario
La postura del bloque oficialista fue que el proyecto debe respetar el procedimiento legislativo y ser analizado previamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que tiene competencia sobre este tipo de iniciativas. La comisión es presidida por María Carolina Vargas Aignasse y cuenta con una integración definida por el reglamento de la Legislatura.
Macome, sin embargo, cuestionó que el envío a comisión pueda demorar el tratamiento de fondo y anunció que desde la oposición insistirán para que el expediente tenga un dictamen urgente. Mientras tanto, el conflicto político por Graneros continuará en la Legislatura, con el proyecto todavía sin tratamiento definitivo en el recinto. El gobernador Osvaldo Jaldo había pedido previamente prudencia y señalado que corresponde a la Justicia investigar los hechos denunciados.
Fuente Enterate
