La disputa por los recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas comenzó a impactar de lleno en los mercados financieros internacionales. Las acciones de la petrolera británica Rockhopper Exploration sufrieron una dura caída del 19,7% este lunes en la Bolsa de Londres, acentuando la tendencia negativa que los papeles de la compañía vienen arrastrando desde el mes de septiembre, con pérdidas acumuladas que superan el 25%.
El desplome comercial responde de manera directa al endurecimiento de la posición del gobierno de Javier Milei contra las empresas que pretenden extraer hidrocarburos en la zona norte de las islas sin la correspondiente autorización nacional. Rockhopper posee actualmente una participación del 35% en el megaproyecto Sea Lion, mientras que el 65% restante está bajo el control de la firma israelí Navitas Petroleum, encargada oficial de la operación.
Contratistas en fuga y la incertidumbre del proyecto
En medio del jueves negro bursátil, Rockhopper debió publicar una actualización oficial para intentar llevar calma a los inversores. En el comunicado, las autoridades reconocieron formalmente que la presión argentina logró que al menos dos contratistas abandonaran sus labores. Una de las firmas decidió no realizar trabajos para Sea Lion ni participar de actividades de exploración y producción de petróleo en la zona en disputa.
Ante este revés logístico, la operadora admitió que se encuentra tomando medidas urgentes para reemplazar a las empresas que incumplieron sus compromisos. Si bien Rockhopper y Navitas ratificaron que cuentan con el aval del gobierno británico y mantienen el plan de comenzar a perforar en 2027, el propio directorio alertó sobre los riesgos latentes: demoras en los reemplazos, posibles retiros de otras empresas asociadas o escaladas en las medidas regulatorias adoptadas por Argentina.
Cerco judicial y el reclamo ante Naciones Unidas
El impacto en la bolsa de Londres no es casualidad. A las advertencias del Poder Ejecutivo Nacional se sumó una contundente estocada en los tribunales. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar impulsada por excombatientes que le ordena a Rockhopper y Navitas suspender de manera inmediata todas sus actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion.
Paralelamente, la diplomacia argentina decidió llevar la controversia a la máxima instancia internacional. El Gobierno prepara un arbitraje formal en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para que el Tribunal Internacional intervenga de manera provisoria y bloquee los avances británicos mientras se constituye un tribunal arbitral definitivo que analice la cuestión de fondo sobre la soberanía.
Fuente Enterate
