Un informe periodístico destapó uno de los episodios financieros más resonantes de los últimos meses en Tucumán: más de $21.105 millones -unos USD 17 millones al tipo de cambio de referencia- salieron en efectivo por la ventanilla del Banco Macro entre abril de 2025 y marzo de 2026, en operaciones vinculadas directamente a cuentas de la Caja Popular de Ahorros de la provincia. La magnitud del movimiento encendió las alarmas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que exigió explicaciones formales a la entidad financiera interviniente.
La explicación oficial: «pago de haberes»
Cuando el organismo nacional requirió una justificación en el marco de la Resolución 14/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF) -que obliga a los bancos a monitorear y reportar el destino de los fondos públicos retirados en efectivo-, la respuesta institucional fue escueta: los retiros correspondían a «pago de haberes del personal conforme la modalidad operativa habitual». Para especialistas en administración financiera consultados por distintos medios, semejante volumen de dinero en billetes, fuera del circuito bancario trazable, resulta difícil de conciliar con una simple planilla de sueldos, incluso considerando la dotación de empleados de un organismo del tamaño de la Caja Popular de Tucumán.
El sumario, la denuncia penal y el silencio institucional
La situación permaneció bajo un manto de opacidad durante más de un mes. Recién cuando el escándalo trascendió públicamente, el interventor de la Caja Popular, Guillermo Norry, ordenó suspender las extracciones en efectivo, abrió un sumario administrativo interno y habría formulado una denuncia penal para determinar responsabilidades. El Tribunal de Cuentas de la provincia también tomó intervención en el expediente. Sin embargo, hasta el momento la Caja Popular no emitió un comunicado oficial detallando lo ocurrido, y la principal casa periodística de la provincia -que en 2015 había destapado el primer «valijazo» de la entidad- tampoco dedicó cobertura al episodio, una ausencia que no pasó desapercibida entre los sectores que siguen de cerca la administración de fondos públicos en Tucumán.
Una entidad con historial de irregularidades
La Caja Popular de Ahorros no es un organismo cualquiera dentro del entramado institucional tucumano: administra el monopolio estatal del juego y las apuestas en la provincia, un negocio que según distintas investigaciones periodísticas estaría controlado de facto por figuras vinculadas al empresario Roberto Sagra, el diputado nacional Carlos Cisneros y el denominado «Clan Ale». Esa concentración de poder económico y político alrededor del juego reaviva las sospechas sobre el uso discrecional de los fondos que administra la entidad, que este año celebra su 111° aniversario como una de las instituciones financieras y crediticias más antiguas de la provincia.
De manera paradójica, en medio del escándalo por el «valijazo», la Caja Popular organizó para la misma fecha una charla sobre «prevención de adicciones» a cargo del actor y conductor Gastón Pauls, y semanas atrás había realizado una capacitación a su personal para «prevenir delitos económicos y proteger la transparencia del sistema financiero». La contradicción entre el discurso institucional y los hechos denunciados no pasó inadvertida entre los sectores que vienen reclamando mayor control sobre el organismo.
Un antecedente que pesa: el «valijazo» de 2015
El término «valijazo» no es nuevo en la crónica política tucumana. En 2015, un escándalo similar involucró el retiro irregular de fondos de la misma entidad, un antecedente que hoy resurge con fuerza y que alimenta el reclamo de sectores políticos y de la sociedad civil que exigen una auditoría externa e independiente de la Caja Popular, dada su relevancia como uno de los organismos financieros más importantes de la provincia, con alcance sobre miles de ahorristas, jubilados y empleados públicos tucumanos que depositan su confianza -y sus ahorros- en la entidad.
Qué se espera de aquí en adelante
El expediente iniciado por el interventor Norry deberá determinar quién o quiénes autorizaron y ejecutaron los retiros en efectivo, así como el destino final de ese dinero. Mientras tanto, la intervención de la Caja Popular enfrenta el desafío de reconstruir la confianza institucional en un organismo que combina la administración de ahorros populares con el manejo del negocio del juego, dos áreas particularmente sensibles al control público. El caso se suma a una serie de episodios recientes que pusieron bajo la lupa el manejo discrecional de fondos en distintos organismos de la provincia, en un momento en que la reforma política y la carrera hacia las elecciones de 2027 concentran buena parte de la agenda pública tucumana. La transparencia en el manejo de los fondos públicos vuelve a instalarse, así, como uno de los temas centrales del debate político en Tucumán.
Fuente: El Tucumano
