La aplicación de regulaciones sobre el sistema financiero busca fijar reglas de juego claras para la protección de las transacciones privadas en el ámbito digital. La Dirección General de Defensa del Consumidor sancionó a diversas entidades bancarias e intermediarios de pago por $386 millones debido a fallas de seguridad.
El organismo procesó más de 3 mil denuncias registradas por usuarios locales de los bancos, de las cuales cerca del 50% corresponden directamente a estafas virtuales y vulnerabilidades del sistema. Las sanciones se fundamentan en el incumplimiento de la Ley Nacional N.º 24.240 y en las pautas vigentes emitidas por el Banco Central de la República Argentina.
«Las entidades deberán presentar sus planes de mitigación de riesgos y metodologías de detección de fraude para regularizar sus esquemas operativos.»
Entidades alcanzadas y procedimiento recursivo
La nómina de firmas alcanzadas por la resolución provincial abarca a Banco Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco Supervielle, Tarjeta Naranja y Prisma Medios de Pago. En paralelo, las autoridades de dichos bancos abrieron una acción de oficio que exige balances de seguridad a todas las billeteras virtuales con operaciones activas.
Frente a los montos reclamados, las empresas del sector privado disponen de la vía administrativa para presentar recursos de reconsideración ante la autoridad de aplicación. En caso de ser rechazados estos descargos, la instancia judicial será la encargada de determinar la validez o procedencia final de las multas.
Desde Córdoba, las entidades continúan evaluando la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas para agilizar las respuestas a los reclamos. El esclarecimiento de estas actuaciones resulta clave para brindar certidumbre al sistema de cobros electrónicos y resguardar la confianza de los consumidores locales.
