El dictador de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, elevó la tensión con Estados Unidos al acusar al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de intentar favorecer electoralmente al derechista Flávio Bolsonaro. Durante la convención nacional del Partido Democrático Laborista, el dirigente socialista desafió al funcionario de Donald Trump a viajar al país y “montar un comité” para su principal adversario en las elecciones de octubre.
La ofensiva verbal le permite a Lula transformar el deterioro de la relación bilateral en una herramienta de campaña. Bajo el argumento de la defensa de la soberanía, el mandatario intenta instalar que cualquier respaldo internacional al bolsonarismo constituye una interferencia sobre el proceso electoral brasileño.
Sin embargo, el presidente no presentó prueba alguna de una operación de Washington destinada a manipular la votación. Su acusación se apoyó principalmente en los vínculos públicos entre el Gobierno republicano y la oposición brasileña, así como en las críticas formuladas por Rubio contra la administración del Partido de los Trabajadores.
El conflicto se profundizó después de que Estados Unidos anunciara aranceles adicionales del 25% sobre una serie de exportaciones brasileñas. Rubio sostuvo que el Gobierno de Lula no había negociado “de buena fe” y responsabilizó al mandatario por el fracaso de las conversaciones comerciales.
Flávio Bolsonaro, por su parte, mantuvo reuniones con autoridades norteamericanas y consolidó su vínculo político con la administración Trump. El senador incluso fue recibido por Rubio durante una visita a Estados Unidos, aunque ese acercamiento público no demuestra por sí mismo la existencia de una intervención electoral.
El discurso de Lula funciona así como un mecanismo preventivo ante una eventual derrota. Al presentar desde ahora a Estados Unidos como un actor interesado en el resultado, el régimen construye una explicación anticipada para cualquier retroceso en los sondeos o una eventual derrota electoral.
En paralelo, Lula autorizó mediante un decreto el empleo de las Fuerzas Armadas durante los comicios. Los militares podrán «brindar seguridad», apoyo logístico y asistencia en el traslado de urnas cuando lo solicite el Tribunal Superior Electoral.
Con el respaldo del PDT, Lula busca convertir el enfrentamiento con la Casa Blanca en uno de los principales ejes de su campaña. El régimen intenta desplazar el debate sobre la paupérrima gestión interna y colocar en el centro a un falso enemigo externo.
