Mientras la atención pública estaba concentrada en la final del Mundial y en el regreso de la Selección argentina, la Justicia federal suspendió de manera cautelar el DNU 62/2025, con el que el Gobierno de Javier Milei había prohibido que los menores de 18 años accedieran a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas destinadas a modificar su cuerpo conforme a una identidad de género «autopercibida».
La resolución fue dictada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Guillermo Fabio Treacy y Pablo Oscar Gallegos Fedriani. Los camaristas hicieron lugar al recurso presentado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) y revocaron el fallo de primera instancia de la jueza Macarena Marra Giménez, quien había rechazado la medida cautelar.
El fallo todavía no resolvió si el decreto es constitucional. Sin embargo, suspendió sus efectos en todo el país hasta que exista una sentencia definitiva. En la practica, la decisión vuelve a poner provisoriamente en vigencia el régimen anterior de la degenerada Ley de Identidad de Género, que permite el acceso de menores a tratamientos hormonales y a intervenciones quirúrgicas.
El DNU firmado por Milei el 6 de febrero de 2025 había establecido una prohibición expresa para todos los menores de edad. El Gobierno justificó la medida en la protección del interés superior del niño, los posibles efectos irreversibles de las intervenciones, la falta de madurez neurobiológica y psíquica y la ausencia de certezas suficientes sobre las consecuencias de largo plazo de la hormonización.
Pese a esos argumentos, Treacy y Gallegos Fedriani sostuvieron que el Poder Ejecutivo no había acreditado circunstancias excepcionales suficientes para modificar mediante un decreto una ley aprobada por el Congreso. También consideraron que la prohibición general afectaba los principios de capacidad progresiva, identidad de género, salud y no discriminación.
La ofensiva judicial fue impulsada por la Federación Argentina LGBT+ junto con el diputado socialista Esteban Paulón, integrante de la Comisión Directiva de la organización. Ambos promovieron la acción contra el DNU 62/2025, aunque la jueza Macarena Marra Giménez rechazó posteriormente la intervención individual del legislador dentro del expediente. La Federación continuó con el reclamo y logró que la Cámara suspendiera cautelarmente el decreto.
Mientras el Gobierno nacional había fijado los 18 años como límite para evitar decisiones médicas de consecuencias potencialmente irreversibles, dos jueces de Cámara a pedido del lobby LGTB dejaron sin efecto esa protección de manera provisional y con alcance nacional.
