Un juez del Tribunal Municipal de Faltas detectó un agujero de $600.000 en el registro de cobro de una multa por alcoholemia y denunció ante la presidencia del organismo sospechas de desvío de fondos. Gerardo Poliche Iturbe, juez de la sala 6°, elevó el planteo después de que un abogado viniera a reclamar sobre la desaparición del dinero en abril de 2026.
El caso comenzó cuando Poliche Iturbe condenó a un hombre a pagar $1.300.000 por alcoholemia. Pero semanas después llegó el letrado que lo asesora con una noticia incómoda: su cliente aseguraba que había abonado $1.900.000.
El juez pidió entonces que investigaran formalmente el destino del dinero faltante. Según la versión del abogado, el efectivo fue entregado en mano a un empleado que trabajaba en el mostrador de entrada de la sucursal del tribunal ubicada en avenida Avellaneda. Era el único personal presente en ese momento, expresó el letrado.
La discrepancia entre lo que figura en el libro del Corralón Municipal y lo que asegura haber pagado el condenado encendió las alarmas. Poliche Iturbe elevó su pedido de investigación ante Fabián Lizondo Ruiz, presidente del Tribunal Municipal de Faltas, cuestionando así los controles administrativos internos del organismo.
Según consta en la causa, el letrado que asesora al condenado se presentó en la dependencia municipal para manifestar que su cliente había abonado una suma superior. La diferencia entre ambos montos despertó sospechas inmediatas en el juez, quien solicitó que se procediera a esclarecer el paradero de los fondos faltantes.
De acuerdo a la exposición del abogado, el dinero habría sido entregado a un empleado que se encontraba en el mostrador de entrada de atención de la sucursal del Tribunal de Faltas ubicada en avenida Avellaneda. En esa oportunidad, según expresó el letrado, únicamente se encontraba presente dicho empleado en el lugar.
El juez subrayó que, sin reconocer «la certeza de las expresiones del imputado», solicitaba que se investigara formalmente el hecho «a fin de su esclarecimiento». El magistrado fundamentó su demanda en la discrepancia entre lo que figura registrado en el libro del Corralón Municipal y lo que afirma haber pagado el condenado.
