El dato es brutal y debería avergonzar a cualquiera que todavía defienda el statu quo. En la Universidad Nacional de La Plata, el 51% de los alumnos de Medicina son extranjeros. En la UBA, la cifra ronda el 40%. No se trata de un puñado de casos aislados. Es una proporción estructural que convierte a una de las carreras más caras del sistema público en un subsidio masivo a personas que no van a dejar un solo peso en impuestos una vez recibidos.
Esto ocurre mientras el 28,2% de los argentinos vive bajo la línea de pobreza. Familias que pagan IVA cada vez que compran pan, leche o carne están financiando, sin haberlo decidido, la formación de médicos que después regresan a sus países o emigran a lugares donde sí les pagan. No es solidaridad. Es una estafa organizada con plata de los que menos tienen.
El argumento de quienes se oponen al arancelamiento es siempre el mismo: “es xenofobia”, “es racismo”, “va contra la tradición argentina de recibir a todos”. Es un chantaje moral que ya no convence a casi nadie. Nadie está proponiendo cerrar las fronteras ni impedir que estudien. Se está pidiendo lo más básico: que quien no tenga residencia permanente y no contribuya al sistema pague por el servicio que recibe. Exactamente lo que hacen casi todos los países del mundo con los que nos gusta compararnos cuando nos conviene.
Agustín Romo lo resumió con claridad quirúrgica: “No es xenofobia, no es racismo. Es sentido común”. La frase molesta porque desnuda la impostura. Durante años se construyó un relato según el cual cualquier límite al acceso gratuito de extranjeros era una traición a la “patria grande”. Ese relato se sostiene solo mientras el costo lo paguen los argentinos de a pie. Cuando se muestra el número —más de la mitad de una carrera cara ocupada por no residentes— el discurso se derrumba.
La campaña internacional de odio contra Argentina, que explotó después de la final del Mundial, solo aceleró algo que ya era evidente. Estudiantes extranjeros que se burlaron abiertamente del país y de su gente siguen ocupando bancas y camas de hospital pagadas con impuestos locales. El peronismo, fiel a su tradición, salió a defenderlos. Prefieren que el mundo los llame racistas antes que defender el bolsillo de los propios.
Hay un punto que casi nadie quiere discutir con honestidad. El sistema universitario público argentino no es infinito. Cada lugar ocupado por alguien que no va a devolver nada es un lugar que no ocupa un argentino de clase media o baja que sí se queda, que trabaja, que paga impuestos y que forma parte del tejido productivo del país. No se trata de odiar al extranjero. Se trata de dejar de odiar al propio.
El decreto que habilita el arancelamiento ya existe. Milei lo firmó. Lo que falta es la decisión política de aplicarlo. Mientras los rectores miren para otro lado y la oposición grite “racismo”, los pobres seguirán subsidiando la movilidad social de otros. Esa es la verdadera injusticia.
Arancelar no es cerrar. Es ordenar. Es decir que la generosidad tiene límites cuando se ejerce con plata que no sobra. Un país que no puede cuidar primero a los suyos termina convertido en un hotel de paso para quienes saben aprovecharse de la ingenuidad ajena. Y esa ingenuidad, sostenida durante décadas, ya le costó demasiado caro a los argentinos.
