El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra funcionarios del régimen cubano y varias empresas vinculadas al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), en una medida destinada a incrementar la presión económica sobre La Habana.
Las restricciones fueron anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que las acciones buscan responsabilizar a quienes participan en actividades represivas y en mecanismos para evadir sanciones internacionales.
Las nuevas sanciones alcanzan a nueve entidades vinculadas a GAESA y a dos funcionarios cubanos. Entre ellos figura el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, señalado por Washington por su papel en el programa de misiones médicas internacionales, que Estados Unidos sostiene funciona mediante prácticas de explotación laboral.
También fueron sancionadas empresas relacionadas con la administración de recursos del sector militar y financiero del Estado cubano.
Según el Departamento de Estado, las medidas incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.
Washington sostiene que GAESA controla una parte significativa de la economía cubana, incluyendo sectores como el turismo, el comercio y los servicios financieros, por lo que considera que las sanciones buscan limitar una de las principales fuentes de ingresos del gobierno.
El anuncio se produce pocos días después del envío de ayuda humanitaria estadounidense destinada a la población cubana a través de organizaciones de la Iglesia Católica. La administración de Donald Trump aseguró que la asistencia continuará distribuyéndose directamente a los ciudadanos, mientras mantiene la presión sobre las estructuras estatales y militares de la isla.
Desde La Habana, las autoridades rechazaron las nuevas sanciones y acusaron a Washington de intensificar su política de presión económica contra el país. El régimen cubano sostiene que las medidas afectan el desarrollo de la economía nacional y forman parte de una estrategia para aumentar el aislamiento internacional de la isla.
Con este nuevo paquete, la administración estadounidense profundiza la política de sanciones implementada durante los últimos meses contra el régimen cubano y sus principales estructuras económicas. Washington sostiene que continuará utilizando estas herramientas para presionar por cambios políticos y denunciar violaciones a los derechos humanos, mientras mantiene programas de asistencia destinados directamente a la población civil.
