A pocos días de haber anunciado la eliminación de las elecciones en Nicaragua, el régimen socialista de Daniel Ortega anunció la presentación de una reforma constitucional que busca extender el mandato presidencial de cinco a siete años.
La iniciativa se enmarca en un proceso más amplio de autoritarias reformas para consolidar su régimen de izquierda y prohibir la participación de sectores opositores.
El pleno de la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el partido de gobierno, aprobó remitir el proyecto a una Comisión Especial Constitucional. Este órgano será el encargado de analizar la propuesta, llevar adelante el proceso de consulta y elaborar un dictamen que luego será debatido por el Parlamento.
La reforma fue presentada este martes y contempla no solo la extensión del período presidencial a siete años, sino también la posibilidad de renovar el cargo una vez finalizado el mandato. Según el régimen de Ortega, la medida apunta a reforzar la supuesta «estabilidad institucional» y sostener la ejecución del «Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza».
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, defendió la iniciativa y aseguró que busca dotar al sistema político de mayor previsibilidad. “Nuestro sistema de estado y gobierno de ‘Pueblo Presidente’ propone ordenarse con periodos efectivos de siete años renovables, lo cual asegure estabilidad en visión, operatividad y continuidad haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables, patrióticas, efectivas e indispensables”, expresó.
El avance de esta reforma se produce en un contexto de destrucción del sistema democrático. El pasado 19 de julio de 2026, durante el acto oficial por el aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega anunció de manera explícita el fin de las elecciones en el país al afirmar que “aquí no volverá a haber elecciones”.
En paralelo, el oficialismo instruyó a la Asamblea Nacional a diseñar un nuevo marco legal orientado a bloquear de forma definitiva la participación de fuerzas opositoras.
Con esta serie de medidas, el régimen profundiza su control sobre las instituciones y redefine las reglas del sistema político nicaragüense.
Ortega, que acumula 30 años en el poder, avanza así en la consolidación de un modelo que elimina la competencia electoral y prolonga los tiempos de permanencia en el poder bajo el argumento de garantizar estabilidad y continuidad.
