Los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) cuestionaron la designación de Eduardo «Lalo» Cobos como titular del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y apuntaron contra el procedimiento utilizado por el Poder Ejecutivo para concretar el nombramiento.
Según sostuvieron, el Gobierno volvió a recurrir a la metodología de poner en funciones al funcionario antes de remitir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a la Legislatura para su tratamiento, lo que, a su criterio, desvirtúa el rol de control del Poder Legislativo.
«Lo que debería ser una instancia de control institucional termina convirtiéndose en una mera formalidad. Primero designan, hacen jurar al funcionario y recién después envían el DNU para que la Legislatura lo convalide. Es una inversión del procedimiento republicano que vacía de contenido el rol del Poder Legislativo», afirmó Bussi.
El presidente de Fuerza Republicana también cuestionó el perfil del nuevo titular del Ersept y recordó el paso de Cobos por la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, señaló que durante aquella gestión el organismo recibió cuestionamientos públicos por su funcionamiento y recordó que en 2022 impulsaron un pedido de juicio político por el presunto uso de recursos estatales con fines proselitistas.
Por su parte, Verón Guerra sostuvo que el gobernador «vuelve a reciclar funcionarios sin ofrecer señales de renovación ni responder a las demandas de mayor transparencia en los organismos de control».
Los dirigentes de Fuerza Republicana insistieron en que el ERSEPT debe actuar con independencia del Poder Ejecutivo y garantizar el control de la prestación de los servicios públicos en defensa de los usuarios.
«Los entes de control no pueden funcionar como una extensión del Poder Ejecutivo. Necesitan autonomía, credibilidad y funcionarios cuya principal prioridad sea defender a los usuarios y no responder a intereses políticos», expresó Bussi.
Finalmente, desde la bancada opositora señalaron que la designación de Cobos se suma a otros nombramientos concretados mediante decretos que luego son remitidos a la Legislatura para su ratificación, una práctica que consideran reduce el debate parlamentario a la convalidación de decisiones ya ejecutadas y debilita los mecanismos de control institucional.
