El Gobierno de Vladímir Putin enfrenta una nueva controversia política después de que el Tribunal Supremo de Rusia aceptara estudiar una demanda que busca excluir al partido opositor Yábloko de las próximas elecciones legislativas. La acción judicial fue impulsada por el partido ultranacionalista Ródina (Patria), que solicita cancelar la inscripción de la lista de candidatos de Yábloko para impedir su participación en los comicios previstos para septiembre.
Yábloko es una de las pocas formaciones políticas legalmente registradas en Rusia que mantiene una posición crítica frente al Kremlin y rechaza abiertamente la invasión de Ucrania. Sus dirigentes sostienen que la ofensiva judicial representa un nuevo intento de eliminar las últimas voces opositoras con presencia institucional y reducir aún más la competencia política antes de las elecciones parlamentarias.
El Tribunal Supremo confirmó que admitió a trámite la demanda y que comenzará a analizar el caso en los próximos días. Si la Justicia falla a favor de los demandantes, Yábloko quedaría fuera de las elecciones y perdería la posibilidad de presentar candidatos a la Duma Estatal, profundizando el aislamiento político de la oposición liberal rusa.
La posible exclusión del partido se produce en un contexto de creciente presión sobre los sectores críticos del Gobierno. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, numerosas figuras opositoras fueron encarceladas, inhabilitadas, declaradas «agentes extranjeros» o forzadas al exilio. Apenas unos días atrás, el dirigente opositor Borís Nadezhdin abandonó Rusia tras denunciar una campaña de persecución política en su contra y aparecer posteriormente en Francia.
Los dirigentes de Yábloko sostienen que la demanda carece de fundamentos jurídicos y responde exclusivamente a motivaciones políticas. Según la formación, el objetivo es impedir que los ciudadanos puedan votar por un partido que mantiene una postura contraria a la guerra y que continúa defendiendo reformas democráticas, el respeto por los derechos civiles y una solución negociada al conflicto con Ucrania.
Desde el comienzo de la guerra, el Kremlin aprobó leyes que endurecieron las sanciones contra quienes cuestionan públicamente la invasión, restringieron la actividad de organizaciones civiles y ampliaron las facultades de las autoridades para limitar la participación política de dirigentes opositores.
La resolución del Tribunal Supremo podría convertirse en un nuevo punto de inflexión para la oposición rusa. Si prospera la demanda, Yábloko quedaría excluido de las elecciones parlamentarias, reduciendo aún más el espacio político para quienes rechazan la guerra en Ucrania y mantienen una posición crítica frente al Gobierno de Vladímir Putin.
