En un paso decisivo para la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita formalizó el requerimiento de justificación patrimonial dirigido al exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. El escrito, elaborado durante la feria judicial, consta de 210 páginas e incluye un cuestionario de más de 20 preguntas específicas sobre inconsistencias detectadas en su patrimonio y en el de su pareja, Bettina Angeletti.
El requerimiento se fundamenta en las conclusiones del informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el cual reconstruyó la evolución financiera del grupo familiar desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
El cruce entre las declaraciones juradas patrimoniales integrales, que comprenden las públicas, las reservadas y sus rectificativas, y los registros bancarios e impositivos expuso inconsistencias que llevaron al fiscal a solicitar estas explicaciones previas.
Los ejes centrales bajo la lupa judicial
El trabajo de la DAFI combinó un análisis individual y consolidado del núcleo familiar, confrontando los ingresos respaldados documentalmente contra los gastos, compras de activos y cancelación de deudas.
Entre los puntos más sensibles sobre los cuales Adorni deberá aportar documentación de respaldo se destacan su inversión en criptoactivos, los consumos en moneda extranjera, las rectificativas de sus declaraciones juradas y sus obras inmobiliarias, como las remodelaciones y mejoras en la propiedad del barrio Indio Cua.
La causa paralela por el vuelo privado a Uruguay
Mientras tramita el requerimiento de justificación patrimonial en la causa principal por enriquecimiento ilícito, la Justicia mantiene abierta otra línea de investigación sobre la conducta del exfuncionario.
Se trata del expediente que analiza el viaje realizado por Adorni junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio a Punta del Este durante un feriado de Carnaval a bordo de un vuelo privado. En dicha causa, la Fiscalía busca precisar quién financió el costo del traslado aéreo, la relación entre el exjefe de Gabinete y el empresario involucrado, así como la existencia de eventuales contratos del entorno con la TV Pública y distintas dependencias estatales.
