El Tribunal Oral Federal N° 2, que interviene en la causa Vialidad, ordenó una nueva serie de embargos sobre propiedades y activos comerciales vinculados a los condenados en el expediente.
Entre los bienes alcanzados por la resolución se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, donde la corrupta expresidente Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La medida forma parte del avance judicial destinado a recuperar los $685.000 millones establecidos como monto del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado por las maniobras de corrupción relacionadas con la obra pública.
El alcance de la resolución comprende una amplia lista de inmuebles y activos. Sin embargo, el Tribunal aclaró que los embargos no implican un remate inmediato de las propiedades ni modifican la titularidad de los bienes. La medida establece su indisponibilidad jurídica para impedir que sean transferidos o gravados mientras se determina el decomiso definitivo.
El departamento de San José 1111
El inmueble ubicado en San José 1111, donde está presa actualmente Cristina Fernández de Kirchner bajo prisión domiciliaria, quedó incluido en esta nueva etapa de medidas judiciales.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso también extendieron las medidas sobre bienes relacionados con Máximo y Florencia Kirchner.
La resolución se suma a una primera etapa de decomiso que ya había alcanzado a 111 bienes y que actualmente se encuentran en proceso de tasación. Esta segunda fase había sido impulsada en febrero por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani.
En ese contexto, el fiscal general Diego Luciani había solicitado que también se incorporaran al decomiso los 5.656.134 dólares que Florencia Kirchner tiene embargados en el Banco Galicia, además del departamento de San José 1111.
Embargos sobre propiedades de la familia Kirchner
Entre los bienes alcanzados por la decisión judicial también aparecen propiedades ubicadas en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. Se trata de un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera que la familia Kirchner posee mediante sociedades comerciales.
La resolución también incluye terrenos y edificaciones ubicados en la provincia de Santa Cruz. Dentro de ese conjunto se encuentra el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.
A su vez, fueron incluidos diferentes inmuebles situados en El Calafate y Río Gallegos. En el listado aparece el chalet de la expresidente ubicado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, además de otras viviendas localizadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
Los magistrados fundamentaron la extensión de las medidas sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner al recordar que, según la sentencia de Vialidad, las maniobras defraudatorias generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.
De acuerdo con lo establecido en el fallo, el juicio acreditó una relación comercial entre las empresas de Báez y las sociedades Los Sauces y Hotesur, mediante las cuales las firmas del empresario alquilaron, construyeron y explotaron hoteles pertenecientes a la familia Kirchner.
Empresas y bienes de los condenados
La nueva resolución judicial no se limitó a los inmuebles vinculados con la familia Kirchner. El Tribunal también dispuso embargos sobre bienes pertenecientes a empresas constructoras relacionadas con las maniobras investigadas por la obra pública.
En ese marco, se ordenó el embargo de cuatro inmuebles pertenecientes a la firma Kank y Costilla. También se avanzó sobre una propiedad ubicada en Río Gallegos que Lázaro Báez había adquirido a fines de 2005 mediante una cesión de derechos vinculada a un proceso sucesorio previo.
Los jueces también dispusieron la reinscripción de embargos sobre distintos vehículos particulares de las personas condenadas en la causa.
El pedido al Banco Galicia por los dólares de Florencia Kirchner
La Justicia también requirió información urgente al Banco Galicia sobre los activos de Florencia Kirchner. El TOF N° 2 le dio a la entidad financiera un plazo de 24 horas para informar el estado de una caja de seguridad y de dos cuentas de ahorro, una en pesos y otra en dólares.
El pedido fue realizado bajo apercibimiento de ley debido a los reiterados incumplimientos previos del banco frente a solicitudes de información realizadas por el Tribunal.
La cuestión adquiere relevancia porque Diego Luciani pidió que los 5.656.134 dólares embargados a nombre de Florencia Kirchner en esa entidad también sean incorporados al conjunto de bienes destinados a la recuperación patrimonial.
