La Justicia tucumana volvió a poner bajo la lupa la situación institucional del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Gobierno de Tucumán poner fin al régimen de intervención que mantiene al organismo bajo control del Poder Ejecutivo y estableció un plazo de 60 días para avanzar con su normalización.
La resolución fue dictada a partir de un amparo presentado por propietarios de salones de fiestas y entretenimientos, quienes cuestionaron la prolongada intervención del organismo. El tribunal, integrado por los vocales Sergio Gandur y Ebe López Piossek, hizo lugar parcialmente al planteo y fijó las condiciones para que el IPLA vuelva a funcionar con su estructura institucional prevista por la legislación vigente.
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De acuerdo con la sentencia, dentro de los próximos 60 días, el Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas administrativas necesarias para finalizar la intervención y conformar el Directorio del IPLA, siguiendo el procedimiento establecido por los artículos 9, 10 y concordantes de la Ley 7.243.
La Cámara, sin embargo, rechazó otros planteos incluidos en la demanda. En particular, no hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad de la Ley 7.243 y declaró inadmisibles otras pretensiones vinculadas con la nulidad y repetición planteadas por los demandantes.
Un conflicto que lleva años en los tribunales
La decisión vuelve a poner en primer plano una discusión que lleva años y que ya había llegado a los tribunales. En 2020, otra resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había ordenado al Poder Ejecutivo avanzar con la normalización del IPLA y de otros organismos autárquicos de la provincia. Aquella decisión, sin embargo, fue apelada.
La abogada María Constanza Bauque, vicepresidenta del Movimiento Nacional de Pymes (Monapy)-Delegación Tucumán, celebró el nuevo fallo y sostuvo que representa un cambio significativo para el sector. Según señaló, la resolución pone fin a 26 años de intervención del IPLA por parte del Poder Ejecutivo y podría tener impacto en otros expedientes que se encuentran en trámite.
El fallo podría impactar en otras causas
La propia sentencia establece que el pronunciamiento deberá ser informado en todas las causas conexas que tramitan ante la misma Sala III. Por ese motivo, desde el sector consideran que la resolución podría generar nuevos efectos judiciales sobre otros reclamos relacionados con el funcionamiento del organismo.
Para los empresarios y propietarios que impulsaron la demanda, la normalización del IPLA apunta a recuperar mayor seguridad jurídica, reglas claras y transparencia en un organismo que tiene una incidencia directa sobre la actividad nocturna y los establecimientos de entretenimiento de Tucumán.
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Fuente Enterate
