El proceso judicial por el femicidio de Érika Antonella Álvarez transita sus instancias previas definitivas antes de la fijación de la fecha de debate. Según confirmó el abogado querellante Carlos Garmendia en representación de la familia de la víctima, existen expectativas de que las audiencias se lleven a cabo antes de fin de año, al calificarlo como el proceso más relevante de los últimos años en la provincia.
La causa investigada por el fiscal Pedro Gallo contempla el pedido de prisión perpetua para Felipe «El Militar» Sosa como autor del crimen perpetrado el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena. Asimismo, la acusación pública requerirá penas de seis años de prisión efectiva para Justina Gordillo, funcionaria judicial y expareja de Sosa, y para Jorge «Chicho» Díaz, por maniobras de encubrimiento.
En este marco, cabe recordar que el cuarto implicado, Nicolás Navarro Flores, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado.
La lista de testigos y los pasos procesales pendientes
Las partes deberán comparecer a una audiencia preparatoria donde se definirá la teoría del caso, las pruebas admitidas y la nómina definitiva de testigos. El Ministerio Público Fiscal propuso una lista de 85 testigos, a la cual la querella solicitó incorporar otros cinco testimonios, restando sumar las nóminas de las defensas técnicas.
Los pasos institucionales para habilitar el debate abarcan el siguiente esquema de tramitación:
| Instancia Procesal | Estado y Determinación |
| Notificación a defensas | Marcelo Cocianci (Sosa), María Florencia Abdala y Camilo Atim (Gordillo), y Juan Pablo Bello (Díaz) recepcionan los planteos de la acusación. |
| Audiencia preparatoria | Definición de pruebas, admisibilidad y lista final de testigos de las partes. |
| Fijación de fecha | La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) designará el tribunal y establecerá el inicio del juicio. |
Sin juicio abreviado y el horizonte de la demanda civil
Los representantes legales de los tres imputados adelantaron que no aceptarán ninguna propuesta de juicio abreviado, garantizando que el grado de responsabilidad penal de Sosa, Gordillo y Díaz se resuelva de manera íntegra en el debate oral y público.
En paralelo, el tribunal deberá resolver la pretensión resarcitoria iniciada por la familia de la víctima. Aunque los defensores cuentan con la facultad de oponerse a la demanda económica, la resolución civil quedará sujeta al veredicto penal, por lo que los jueces evaluarán la procedencia de los montos reclamados únicamente si los acusados resultan declarados culpables.
Fuente Enterate
