Una denuncia presentada ante la Justicia Federal puso bajo la lupa el vínculo entre fondos destinados a obras viales y el comportamiento de legisladores en el Congreso. Tucumán aparece entre las provincias mencionadas, con millones de pesos girados durante períodos cercanos a votaciones clave.
La denuncia que pone a Tucumán en el centro de la discusión
La diputada nacional Marcela Pagano presentó tres escritos ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 para que se investigue si la distribución de recursos del fideicomiso vial pudo haber funcionado como un incentivo para obtener apoyos, abstenciones o ausencias en votaciones parlamentarias.
En los documentos, Tucumán aparece mencionado en distintos episodios vinculados con fondos recibidos por la Dirección Provincial de Vialidad y la posición asumida por legisladores cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo. La presentación analiza períodos de 2024, 2025 y 2026 y busca establecer si existió una relación entre los desembolsos y las decisiones tomadas en el Congreso.
Uno de los casos señalados corresponde al 19 de marzo de 2025, cuando Diputados aprobó el DNU 179/2025, relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según la denuncia, antes de aquella votación el Gobierno nacional difundió obras acordadas con gobernadores de Tucumán, Salta y Catamarca, mientras legisladores de esas provincias acompañaron la iniciativa o se ausentaron.
¿Nieve en Tafí del Valle? Enterate qué dice el pronóstico para el finde largo
Millones para Vialidad y una ruta bajo la lupa
Otro de los puntos centrales de la presentación toma como referencia pagos realizados durante 2026. De acuerdo con la documentación citada, la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán recibió $2.322,8 millones durante tres períodos identificados como cercanos a sesiones legislativas: febrero, abril y mayo.
Los fondos estaban destinados a la ruta provincial 307, una obra que, según la denuncia, acumulaba tres años de demoras y registraba menos del 20% de avance físico. La presentación vincula esos desembolsos con el comportamiento del bloque Independencia, identificado con el espacio político del gobernador tucumano y aliado parlamentario de La Libertad Avanza.
La denuncia también señala que Tucumán recibió $13.006 millones acumulados entre 2024 y 2026, lo que ubicaría a la provincia en el quinto lugar del ranking nacional, detrás de Jujuy, Córdoba, Misiones y Santiago del Estero. Durante 2026, además, el 66,2% de los fondos recibidos habría sido transferido dentro de las tres ventanas legislativas analizadas.
Los cruces con votaciones clave del Congreso
El planteo judicial incorpora otros episodios que Pagano considera relevantes. Uno de ellos corresponde al 27 de junio de 2024, fecha en la que la Cámara de Diputados aprobó definitivamente la Ley Bases. Según el escrito, durante esa jornada el fideicomiso vial distribuyó $3.262 millones, de los cuales $992 millones correspondieron al corredor vial que incluye a Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa.
Otro episodio señalado ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando el Senado rechazó decretos delegados que contemplaban la disolución de distintos organismos, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad. Ese día, según la denuncia, Vialidad de Tucumán recibió $945 millones.
La segunda ampliación del planteo también menciona la votación del 9 de octubre de 2024, cuando Diputados sostuvo el veto presidencial al financiamiento universitario. En ese caso, la presentación menciona a legisladores radicales de Tucumán y, en particular, al diputado Roberto Sánchez Campero. La denuncia sostiene que ese mismo día se distribuyeron $3.186 millones del fideicomiso, aunque sin precisar cuánto correspondió a Tucumán.
Otra disputa: los fondos que Tucumán reclama a la Nación
En paralelo al planteo de Pagano, el legislador provincial radical José Cano cuestionó el manejo nacional de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Según una estimación que aplica los coeficientes de coparticipación, Tucumán habría dejado de recibir unos $36.041 millones entre enero y julio de 2026.
El cálculo se relaciona con la decisión del Gobierno nacional de mantener en inversiones financieras el 35,44% de la recaudación de ese impuesto que, de acuerdo con el esquema legal citado por Cano, tiene destinos específicos vinculados con infraestructura hídrica, transporte y compensaciones al transporte público.
Un relevamiento de la consultora Galois estimó que los recursos no transferidos a las 24 jurisdicciones alcanzaron los $784.290 millones durante el primer semestre de 2026. Tucumán quedó sexto entre las provincias con mayores montos involucrados.
Cano calificó la situación como una “retención indebida” y reclamó que esos recursos sean destinados a obras de infraestructura. La discusión vuelve a poner bajo la lupa la relación financiera entre la Nación y las provincias, mientras la Justicia deberá determinar si existe sustento para las sospechas planteadas por Pagano sobre el vínculo entre fondos viales y votos legislativos.
Fuente Enterate
