Carlos Alberto Vega fue condenado por la sustracción, retención y ocultamiento de Marcos Ramos, secuestrado cuando era bebé durante la última dictadura militar. El tribunal también reclamó al Gobierno nacional que garantice la continuidad de las políticas de búsqueda e identificación de personas apropiadas.
Condena por la apropiación de Marcos Ramos
La Justicia Federal condenó este miércoles a Carlos Alberto Vega, ex capitán de Inteligencia del Ejército, a 12 años de prisión por su participación en la sustracción, retención y ocultamiento de Marcos Ramos, el nieto recuperado número 128. El tribunal consideró que los hechos, ocurridos durante la última dictadura militar, constituyeron crímenes de lesa humanidad.
El caso se remonta a 1976, cuando un grupo de tareas secuestró en Tucumán a Marcos, que tenía apenas un año, y a su medio hermano Elías Ismael Suleimán, de ocho. Los niños fueron llevados a una vivienda de Tafí Viejo y posteriormente separados. Elías logró escapar, mientras que Marcos fue entregado por Vega a Víctor Lucio Sánchez, un informante civil de Inteligencia que lo inscribió ilegalmente como hijo propio.
Marcos recuperó su identidad después de décadas
Marcos creció con una identidad falsa y, según consta en el caso, sufrió violentos castigos durante su infancia. Su historia comenzó a reconstruirse gracias a la búsqueda sostenida de su medio hermano, que durante años intentó encontrarlo.
Finalmente, en 2018, Marcos pudo recuperar su verdadera identidad mediante los mecanismos de identificación genética. Su madre, Rosario del Carmen Ramos, había sido secuestrada en reiteradas oportunidades y permanece desaparecida desde fines de 1976, mientras que su padre, Pastor Dante Campos, se encontraba clandestino al momento de su nacimiento y también continúa desaparecido.
Vega fue considerado responsable no solo por la apropiación de Marcos, sino también por el intento de adulterar el estado civil de su hermano mayor. Por ambos hechos recibió la condena, aunque cumplirá la pena bajo monitoreo electrónico.
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El fuerte pedido de la Justicia al Gobierno nacional
Uno de los puntos centrales del fallo fue el pedido dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para garantizar la continuidad de las políticas destinadas a recuperar la identidad de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado.
El tribunal sostuvo que la búsqueda y la identificación de estas personas constituyen una obligación permanente del Estado argentino y reclamó medidas para preservar y fortalecer el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y los archivos vinculados con la última dictadura.
La sentencia también pidió mantener los equipos especializados dedicados a la búsqueda e identificación de personas y los registros públicos relacionados con estos procesos. Además, ordenó una reparación integral para las víctimas y la continuidad de los tratamientos psicológicos de los hermanos.
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Cuándo se conocerán los fundamentos
El tribunal estuvo integrado por Ana Carina Farías, Cristina Edith Giordano y Federico Bothamley. Por su parte, la acusación, representada por el fiscal Pablo Camuña, la auxiliar fiscal Valentina García Salemi y el fiscal coadyuvante Patricio Rovira, había solicitado una pena de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 26 de agosto a las 14, instancia en la que se conocerán en detalle los argumentos utilizados por el tribunal para establecer la responsabilidad penal de Vega y las medidas de reparación y preservación de las políticas de identidad.
Fuente Enterate
