Un operativo de desalojo y restitución provisoria derivó en un tenso escenario en la ciudad de Concepción, donde unas 55 familias fueron retiradas de un predio reclamado por el particular identificado como el señor Estofán, en el marco de una causa penal que investiga presunta usurpación y daños a cultivos de caña de azúcar. Mientras la Fiscalía sostiene que en el lugar se delimitaron ilegalmente 270 parcelas afectando la producción agrícola, la abogada defensora de los ocupantes, Dra. Paola Pérez Poveda, cargó con dureza contra el accionar del Ministerio Público Fiscal encabezado por Edmundo «Pirincho» Jiménez, al denunciar un procedimiento irregular ejecutado a espaldas de los afectados y violando la propia orden dictada por el juez de la causa.
Según detalló Pérez Poveda, la medida se llevó a cabo sin notificación previa a los habitantes del predio, vulnerando las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio. La letrada remarcó que las familias —que incluyen a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras con varios hijos a cargo— se asentaron en el lugar por encontrarse en extrema situación de pobreza y tras constatar que el terreno llevaba años abandonado.
Pese a haber solicitado la suspensión del desalojo y tramitado una audiencia urgente con el juez interviniente, el Ministerio Público Fiscal rechazó de forma sistemática los planteos de la defensa y avanzó con el despeje del terreno.
La denuncia sobre el accionar fiscal se profundizó al constatarse la destrucción de las viviendas levantadas por los ocupantes durante los últimos tres años. La defensora advirtió que la resolución judicial de restitución disponía expresamente que las edificaciones no debían ser tocadas; sin embargo, los operarios y la representación del Ministerio Público Fiscal procedieron a demoler las estructuras. Ante esta situación, Pérez Poveda se apersonó en el predio para requerir la confección de actas de constatación, iniciar las acciones por incumplimiento de la orden judicial y exigir la ejecución de la caución juratoria firmada por el demandante, mecanismo mediante el cual el solicitante se comprometió a responder económicamente por los daños materiales ocasionados en caso de irregularidades.
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Fuente Enterate
