La medida permite detectar y bloquear dispositivos móviles dentro de establecimientos penitenciarios provinciales que adhieran al programa. El objetivo es evitar que los detenidos utilicen teléfonos para coordinar delitos.
El Gobierno de Javier Milei amplió a las cárceles provinciales el sistema de detección y bloqueo de teléfonos celulares utilizados dentro de establecimientos penitenciarios. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.
El programa, denominado “Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios”, busca impedir que personas privadas de su libertad utilicen teléfonos móviles para mantener comunicaciones vinculadas con actividades delictivas.
La iniciativa contempla la adhesión voluntaria de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante convenios específicos. La implementación estará coordinada por la Subsecretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional.
Cómo funcionará el bloqueo
El sistema permitirá identificar los dispositivos que se encuentren activos dentro de las áreas de detención o sectores restringidos de los establecimientos penitenciarios.
Para hacerlo, se utilizarán tres datos:
- IMEI: número identificatorio del teléfono celular.
- IMSI: identificador asociado a la tarjeta SIM.
- Línea telefónica: número vinculado al servicio utilizado.
De esta manera, el mecanismo busca evitar que un dispositivo bloqueado vuelva a conectarse a una red simplemente cambiando la tarjeta SIM.
Las provincias que adhieran al programa deberán enviar diariamente al Ministerio de Seguridad Nacional información sobre los dispositivos detectados, mediante archivos digitales con los registros correspondientes. El Ministerio será el encargado de centralizar las solicitudes de bloqueo ante las empresas de telecomunicaciones.
Las operadoras, una vez recibida la solicitud correspondiente, tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo.
Un mecanismo que amplía el control sobre las comunicaciones desde las cárceles
La nueva herramienta se suma a la prohibición establecida por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, cuyo artículo 160 prohíbe a los internos utilizar teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
El Gobierno sostiene que el objetivo es reforzar el cumplimiento de esa prohibición y evitar que las cárceles sean utilizadas como lugares desde los cuales se continúen coordinando actividades criminales.
El esquema también contempla excepciones operativas para determinados trabajadores y funcionarios autorizados, como agentes penitenciarios, magistrados, abogados y representantes de organismos de control, quienes deberán contar con sectores específicos para guardar sus dispositivos cuando ingresen a las áreas alcanzadas por el sistema.
La medida se complementa con auditorías periódicas y mecanismos destinados a preservar la confidencialidad de la información utilizada para realizar los bloqueos.
Con esta ampliación, la administración de Milei busca trasladar a las cárceles provinciales una herramienta que anteriormente estaba limitada al ámbito del Servicio Penitenciario Federal y fortalecer los controles sobre las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios.
