La crisis migratoria que asola al continente europeo, alimentada durante años por políticas laxas de fronteras abiertas, ha encontrado un freno contundente en el corazón político de la Unión Europea. En un contexto europeo que finalmente se ve obligado a endurecer sus directrices para acelerar los retornos de quienes carecen del derecho a permanecer en el territorio, Bélgica ha decidido liderar con el ejemplo y aplicar la firmeza que sus ciudadanos exigen.
Este 28 de agosto, la capital, Bruselas, se convirtió en el escenario de una acción de seguridad nacional sin precedentes, reportada originalmente por el periodista Unai Cano, que redefine la lucha contra la inmigración ilegal. La Oficina de Inmigración belga diseñó y ejecutó un plan estratégico sumamente efectivo para localizar y procesar a extranjeros en situación irregular que se encontraban burlando los controles estatales.
Las autoridades realizaron previamente un llamamiento público dirigido a personas sin la documentación necesaria, invitándolas a acudir a las dependencias oficiales bajo el pretexto de registrar sus casos y estudiar su situación administrativa para una eventual regularización.
Sin embargo, la ingeniosa maniobra sirvió como un embudo de control: decenas de extranjeros indocumentados y solicitantes de asilo respondieron voluntariamente a la convocatoria, facilitando de este modo su ubicación a las fuerzas del orden.
Una vez que los extranjeros se concentraron en las instalaciones estatales, las fuerzas de seguridad actuaron de forma coordinada y decidida. Los agentes procedieron a cerrar los accesos para evitar fugas, identificaron rigurosamente a cada uno de los presentes, recabaron sus datos personales y comprobaron minuciosamente sus respectivas identidades y países de procedencia.
Como resultado directo de este operativo, parte de los extranjeros que acudieron bajo engaño administrativo terminaron detenidos de inmediato. Sin perder tiempo, las autoridades belgas comenzaron a tramitar los procedimientos legales encaminados a su expulsión y su definitivo retorno a sus países de origen.
Como era de esperarse, la contundente acción del gobierno belga ha desatado el rechazo de determinados círculos defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes cuestionan el uso de citas administrativas para capturar a personas en situación irregular.
Asimismo, diversos medios de comunicación marroquíes reaccionaron con indignación ante la pérdida de impunidad de sus compatriotas, calificando el operativo de emboscada y de emboscada ilegal. No obstante, cabe destacar que estas acusaciones corresponden estrictamente a una valoración sesgada y subjetiva de dichos medios extranjeros y no a una calificación oficial de las autoridades de Bélgica, que se mantienen firmes en la aplicación de la ley y el resguardo de la soberanía nacional.
