Caso Érika Álvarez: la fiscalía solicitó la apertura del juicio oral y se complica la situación de «El Militar» Sosa

Durante la audiencia celebrada este jueves 27 de agosto, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma, bajo las instrucciones del fiscal Pedro Gallo, presentó el pedido de apertura del debate oral y público. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal expuso los resultados definitivos de las pruebas de ADN practicadas sobre la evidencia hallada en la escena del hallazgo. De esta manera, los peritos detectaron la superposición exacta del perfil genético de Sosa y de la víctima tanto en el interior como en el exterior de la bolsa de consorcio que envolvía el cuerpo.

La acusación remarcó que se identificó material biológico del principal imputado sobre la cinta adhesiva utilizada para cubrir el rostro de la estudiante. Asimismo, el juez interviniente rechazó la morigeración de la pena solicitada por la defensa de Jorge Orlando «Chicho» Díaz y dispuso prorrogar por dos meses su prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz. Por lo tanto, el presunto encubridor enfrentará una solicitud de condena de seis años de prisión efectiva.

Reconstrucción del crimen en Yerba Buena y red de encubrimiento

Por su parte, la hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el ataque se perpetró entre el 7 y el 8 de enero de 2026 en la vivienda de Sosa, ubicada en calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena. De hecho, prevaleciéndose de una relación asimétrica de sometimiento, «El Militar» le propinó golpes severos que le provocaron un traumatismo cráneo-facial y cervical fatal. En consecuencia, el cuerpo fue empaquetado con nudos de estilo táctico y trasladado hacia el basural de Manantial Sur.

Además, la investigación detalló que minutos después del hecho se activó un esquema para limpiar la escena del crimen. A las 15:17 del 7 de enero, «Chicho» Díaz arribó al inmueble en una camioneta de la firma «Mundo Limpio» para hacer desaparecer el teléfono celular de la joven y retirar un arsenal compuesto por una pistola Glock calibre 40 y una escopeta calibre 12. En consecuencia, la red incluyó la imputación de Justina Gordillo por valerse de su condición de funcionaria pública, sumándose a la condena firme de tres años ya dictada contra Nicolás Navarro Flores.

Fuente Enterate

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