La presentación cuestiona la constitucionalidad de la Ley 9.987 y pide suspender su aplicación mientras se resuelve el planteo de fondo. Los abogados objetan, entre otros puntos, la ampliación de facultades de los Juzgados de Paz y los procesos que podrían avanzar sin patrocinio letrado
La reforma judicial llegó a la Corte Suprema de Tucumán
La reforma del Poder Judicial de Tucumán quedó formalmente bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. El Colegio de Abogados de Tucumán y el Colegio de Abogados del Sur presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 9.987 y solicitaron, además, una medida cautelar para suspender sus efectos mientras se analiza el planteo.
La acción fue elaborada por el constitucionalista Christian Cao, quien ya había cuestionado algunos de los cambios durante el debate legislativo. El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Alberto López Domínguez, confirmó que la demanda ya fue ingresada y explicó que las entidades buscan que la Justicia revise distintos aspectos de la nueva organización judicial.
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Qué cuestionan los abogados
El planteo no apunta a un único artículo de la reforma. Entre los principales cuestionamientos aparecen la afectación del juez natural, la pérdida de especialización, la reserva de ley y la tutela judicial efectiva. También se objeta que determinadas decisiones sustanciales sobre la organización y competencia de los tribunales puedan quedar sujetas a reglamentaciones de la propia Corte.
Uno de los focos de la discusión está puesto en la reorganización de la Justicia Civil. La reforma modificó la estructura y los criterios de competencia de las cámaras, en un intento por corregir los retrasos registrados principalmente en la segunda instancia. Los Colegios sostienen que la búsqueda de mayor eficiencia no debería implicar cambios que generen incertidumbre sobre qué tribunal debe intervenir en cada conflicto ni afectar la especialización de los magistrados.
La polémica por los Juzgados de Paz
Otro de los puntos centrales de la demanda es la ampliación de las competencias de los Juzgados de Paz, que ahora pueden intervenir en asuntos que anteriormente quedaban bajo la órbita de la Justicia ordinaria. Para los abogados, el problema surge cuando esa extensión alcanza conflictos que por su complejidad o naturaleza requieren la intervención de órganos especializados.
La presentación también cuestiona el mecanismo de designación de los jueces de Paz y, especialmente, la posibilidad de que determinados procesos se tramiten sin patrocinio obligatorio de un abogado. Desde los Colegios consideran que esa modificación puede afectar el derecho de los ciudadanos a contar con asesoramiento profesional para ejercer y defender sus derechos ante los tribunales.
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El pedido para suspender la reforma
Junto con la acción de inconstitucionalidad, las entidades solicitaron una medida cautelar para que la Ley 9.987 deje de aplicarse provisoriamente mientras se define la cuestión de fondo. El objetivo es que, durante la tramitación judicial, continúe vigente el esquema anterior de organización y competencia.
Según explicó López Domínguez, la reforma ya comenzó a implementarse mediante distintas decisiones dentro del Poder Judicial, por lo que los Colegios consideran necesario que la Corte se expida con rapidez. La demanda fue presentada dentro del plazo de 60 días previsto para este tipo de acciones. La norma fue sancionada el 18 de junio y publicada en el Boletín Oficial el 1 de julio.
Una disputa que ahora deberá resolver la Corte
La reforma había sido impulsada por la propia Corte Suprema de Justicia de Tucumán con el argumento de mejorar el funcionamiento de los tribunales y corregir desequilibrios en la distribución de expedientes, especialmente en el fuero Civil.
Los Colegios de Abogados, que ya habían manifestado reparos durante el tratamiento legislativo, sostienen ahora ante la Justicia que algunos cambios exceden una reorganización administrativa y pueden comprometer garantías constitucionales, la especialización judicial y el ejercicio profesional. La decisión sobre la cautelar y, posteriormente, sobre la constitucionalidad de la Ley 9.987 quedó en manos del máximo tribunal tucumano.
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Fuente Enterate
