Durante el fin de semana se viralizaron imágenes de un nuevo operativo de persecución contra un conductor de Uber por parte de la Municipalidad de Córdoba. La secuencia, que las redes bautizaron como una «cacería de Uber«, mostró cómo un Volkswagen Suran fue perseguido hasta ser interceptado en la playa de estacionamiento de un hipermercado.
Desde el municipio salieron a justificar el procedimiento argumentando que el conductor había evadido un control de transporte en la Terminal de Ómnibus. Pero ni esa explicación ni el argumento de la seguridad alcanzaron para frenar el repudio que generó ver a un trabajador siendo perseguido por las calles de la ciudad como si se tratara de un delincuente.
Desde 2025 existe en Córdoba un marco que supuestamente regula a las aplicaciones de viajes, pero en la práctica sigue funcionando como excusa para secuestrar autos y aplicar multas a quienes simplemente intentan trabajar, en lugar de ofrecer una habilitación real y accesible para la actividad.
Las dudas sobre el uso de la fuerza para un control de tránsito
El video generó fuertes cuestionamientos entre especialistas en defensa del consumidor. Exequiel Vergara calificó como un despropósito que agentes municipales recurran a fuerzas de seguridad para este tipo de operativos, y remarcó que tanto el municipio como la provincia estarían perdiendo de vista cuál es el rol que le corresponde a cada uno.
Vergara puso además el foco en un derecho que suele quedar afuera de la discusión: el de los pasajeros a elegir cómo trasladarse. Para el especialista, la Municipalidad no debería estar destinando recursos a perseguir a personas que están trabajando, en lugar de avanzar hacia una regulación que realmente habilite la actividad.
Un patrón que se repite contra los conductores de aplicaciones como Uber
El episodio no es un hecho aislado. En julio pasado, un conductor de Uber permaneció más de tres horas atrincherado dentro de su auto frente a la Terminal para evitar que la grúa municipal se lo llevara, y contó después que recuperar el vehículo podía costarle entre 8 y 10 millones de pesos, una cifra inalcanzable para alguien que recauda unos 30.000 pesos por día.
Los operativos contra conductores de aplicaciones se vienen sosteniendo pese a la demanda creciente del servicio entre los cordobeses, con multas que en algunos casos rondan los 3 millones de pesos y secuestros que dejan a los choferes sin su única herramienta de trabajo. Mientras el municipio sigue sin dar respuestas de fondo, la pregunta que se instala es si perseguir con la Policía a un trabajador que maneja una aplicación es, realmente, la prioridad que debería tener el Estado local.
