Recién asumida, la intendenta contrató al mismo estudio que auditó al alfarismo con el fin de descubrir las irregularidades, para exactamente lo contrario: mantener en privado cualquier decisión discrecional sobre los millonarios fondos municipales. El conflicto de intereses de Concilio & Sarralde. Ruiz Toscano, Giuliano y Albaca en el centro de la polémica.
No fue un desorden que se mantiene en privado hasta tanto se ordena y después se explica. Fue un plan sistemático para manejar de manera discrecional, a espaldas de los ciudadanos, el presupuesto multimillonario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Esa conclusión se deriva, necesariamente, de un documento al que tuvo acceso El Federalista. El papel muestra cómo el estudio contratado para auditar la herencia alfarista firmó, a los dos meses de la asunción de Rossana Chahla, un convenio que permite pagar sin pasar cada factura por el Concejo y que reserva a las partes —no al vecino— el destino de esos fondos.
El decreto es de diciembre de 2023 (ver abajo). Lo firman la intendenta, la secretaria general Camila Giuliano y el secretario de Economía, Sebastián Ruiz Toscano. Por el estudio Concilio & Sarralde firma su socio Octavio Concilio. Lo que se protocoliza no es un informe puntual sobre Germán Alfaro. Es un contrato de cuatro años, prorrogable, para auditar y asesorar a la propia gestión que lo contrató.
El convenio lo dice sin vueltas. El estudio se hace cargo de la auditoría “contable, financiera, jurídica, laboral, tributaria y administrativa” y de la “asistencia técnica y profesional”. Y deja la puerta abierta:
La Municipalidad podrá encomendar la ampliación de estas tareas, y el encargo de tareas adicionales.
No hay un monto total a la vista. Hay horas. Dos secretarios aprueban el gasto según lo que certifique un comité interno. En ese comité se sientan el propio Concilio y el contador general del municipio, Marcelo Albaca. El auditor cobra. El contador municipal valida. El Concejo no ve cada liquidación. El vecino, tampoco.
Sobre lo que se hace adentro, el contrato impone silencio:
Toda la información, documentación y datos inherentes a las tareas de este contrato tendrá carácter confidencial y en ningún caso podrá ser divulgada.
Los informes, añade otra cláusula, sólo pueden verlos “las partes que convinieron la realización de la tarea”. El ciudadano no es parte.
Hay un dato que no es menor. La Municipalidad decidió que esa consultora no trabaje desde su estudio. El convenio obliga al municipio a darle oficina y muebles “para el desarrollo de las tareas que se deban cumplir en esa Institución”. El auditor de las cuentas públicas se instala adentro del edificio público, pagado con fondos públicos, amparado por una cláusula de secreto.
Ese diseño explica la caja negra que esta redacción describió en la nota anterior. La Intendencia se negó a decirle a tres jueces de Faltas cuánto cobran sus secretarios. Tres de cada diez pesos del presupuesto 2026 —unos 110.000 millones— se van a la basura. Una concejala denunció 2.700 millones en cooperativas contratadas de oficio. El diario oficial se reparte en el centro y nadie informa qué cuesta. Nada de eso empezó por descuido. El secreto se firmó a los sesenta días de asumir.
El mismo estudio, el municipio y el negocio de la basura
El brochure comercial de Concilio & Sarralde vuelve evidente el conflicto. En la página de clientes públicos aparecen, uno al lado del otro, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Consorcio Metropolitano de residuos, el GIRSU. El estudio que asesora a quien paga la cadena de la basura se anuncia, al mismo tiempo, como proveedor de quien la trata y la entierra.
Ese consorcio no es una oficina neutra. Es un servicio público de gestión privada. Las plantas de San Felipe —donde se compacta la basura— y de Overo Pozo —donde se dispone— las operan Esur y Ciageser, dos empresas del mismo holding que administra Transportes 9 de Julio, la recolectora de la Capital desde 1991. En 2025, esa unión de empresas se quedó con el contrato del GIRSU por más de 68.000 millones de pesos a cinco años. El Concejo, meses antes, había prorrogado por otros cinco el contrato de recolección con 9 de Julio.
El circuito es simple. 9 de Julio junta la basura en la calle. El holding hermano la compacta y la entierra. El municipio pone dos de cada tres pesos del consorcio. Y el estudio que debería controlar esa cadena lista al consorcio como cliente. En 2024, ese mismo estudio había producido el informe con el que Chahla denunció el GIRSU de Alfaro. El brochure no presenta ese trabajo como un encargo cerrado. Presenta al municipio y al consorcio como cartera vigente.
La firma, en ese mismo folleto, promete “independencia total” y encargos “sin conflictos de interés”. El primer valor que exhibe es otro:
Trabajamos bajo la más estricta reserva y secreto profesional. La información de nuestros clientes es sagrada.
El cliente, en el decreto que firmaron Chahla, Giuliano y Ruiz Toscano, es el Ejecutivo. El que paga el impuesto no.
El brochure suma un tercer logo público: la Caja Popular de Ahorros. El Tucumano documentó que el mismo estudio audita las liquidaciones del juego de esa caja. Carlos Cisneros, financista de la campaña de Chahla e interlocutor histórico de esa institución, queda así en el mismo mapa: el municipio, la basura y la caja provincial, mirados por una sola firma. Ver en la imagen a continuación, extraída del Brochure de Concilio&Sarralde.
Tres de cada diez pesos, sin contrato a la vista
Ningún rubro muestra mejor para qué sirve ese secreto que la basura. El presupuesto 2026 reserva unos 110.000 millones de pesos a recolectar, tratar y disponer los residuos. Es el 31,5% de todo lo que gasta la ciudad. Tres de cada diez pesos.
La Capital produce 234.468 toneladas al año. Casi 20.000 por mes. Si se divide la partida por esos kilos, cada kilo de basura le cuesta al municipio unos 469 pesos. El Banco Mundial estima que los municipios argentinos destinan, en promedio, el 13% del presupuesto a residuos y limpieza. Córdoba llegó al 18,4% y lo presentó como un récord. San Miguel de Tucumán duplica el promedio nacional.
Esa montaña de dinero se mueve sin que el vecino pueda leer, de un solo clic, el contrato completo de 9 de Julio, las cláusulas de actualización ni las liquidaciones del estudio que trabaja puerta adentro. El GIRSU anunció un ahorro del 31% para 2026. Alivia el aporte al ente. No abre los papeles. No dice cuánto se le pagó a Concilio & Sarralde desde diciembre de 2023. No levanta la cláusula que declara sagrada la información del cliente.
Un gobierno que instala a su auditor en sus propias oficinas, que le prohíbe contar lo que ve y que se gasta un tercio del presupuesto en un servicio cuyo contrato no está a la vista no está ordenando la casa. Está administrándola de espaldas a quien la paga.
A continuación, el polémico convenio firmado por la Municipalidad con Concilio&Sarralde para mantener las cuentas «en secreto»:
Fuente: ElFederalista
